Para que todas las mujeres tengan todos los derechos

Por Noelia Leiva

Unas 250 personas participaron en el encuentro que invitó a pensar claves para impulsar la reglamentación de la flamante ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La visibilización de la problemática y la distinción de sus modalidades fueron los epicentros del debate.

                                                            Foto: Analía Luna/ Mariana Correa

La distribución desigual del poder en el ámbito público y el privado entre hombres y mujeres, que deriva en la inequidad sustentada por un sistema patriarcal todavía vigente, fue el núcleo de debate del encuentro que se celebró el sábado último en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), ante 250 personas. Se propuso como el primer paso para conformar una red social que difunda los contenidos e impulse la reglamentación de la flamante ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra ellas.
“Todas las mujeres, todos los derechos” fue, a la vez, el nombre de la convocatoria y la síntesis de la temática que se abordó en cinco comisiones, una por cada modalidad de agresión machista que la nueva normativa distingue. Porque si se trata de ordenarlas en categorías, algunas son más frecuentemente identificadas en el imaginario colectivo. Así ocurre con la variable “doméstica”, en la que la integridad psíquico-física de la víctima se denigra en manos de un varón con quien mantiene un vínculo sentimental o parental.
Pero hay otras menos visibles. La violencia “institucional” es la que ejercen los órganos del Estado cada vez que, por ejemplo, en las Comisarías o la Justicia culpan a la víctima de haber generado los mismos ataques que ella sufrió, por el sólo hecho de su condición de mujer. Es que “todavía hay poco tratamiento de lo que significa pensar en clave de género porque la desigualdad no se hizo visible”, evaluó Violeta Correa, presidenta del programa de la casa de altos estudios convocante que articula en las carreras que integran su oferta académica el concepto de distribución horizontal de las posibilidades.
Articulada con las violaciones a los derechos que vehiculizan las entidades de orden público va el tipo de atropello que atenta contra la salud “obstétrica”, que niega la igual atención sanitaria reproductiva para todas y la práctica de la interrupción de embarazos en los casos que el artículo 86 del Código Penal exime de pena, es decir, cuando corre riesgo la vida de la madre o si fue causado por “una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, según sentencia la normativa. El congreso fue otro espacio en el que las organizaciones sociales y feministas pidieron la despenalización del aborto.
El dogma de que ellas merecen una paga inferior a los varones en su desempeño laboral, incluso cuando cumplen las mismas tareas que ellos, también integra el abanico de categorías que definió la ley sancionada en marzo último. Lo completa la cara de la violencia que atraviesa a características socieconómicas y geográficas: la “simbólica”, con su variante “mediática”.
“No sólo tenemos que redistribuir la riqueza sino también la palabra, de eso nos tenemos que encargar”, enfatizó la diputada nacional de Libres del Sur Cecilia Merchán en la mesa de inauguración del encuentro, que compartió con su par bonaerense Laura Berardo, Correa y la periodista Mariana Carabajal. “La disputa  por el poder está en todos los ámbitos; el doméstico, el de las organizaciones, de las instituciones y en todos los espacios de representación”, le explicó a Alma del Sur la legisladora cordobesa.
Las actividades fueron organizadas por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, la de Derechos Humanos del Concejo Deliberante local, el Instituto de Políticas Públicas Juana Azurduy y la casa de altos estudios.

Primeras conclusiones
Luego de los espacios de debate, los más de dos centenares de mujeres y varones del Conurbano Sur que participaron se reunieron en un plenario para sintetizar ante los demás los puntos abordados. Las comisiones coincidieron en la importancia de visibilizar la problemática desde la multiplicidad de variantes.
Con ese fin,  ideas para realizar campañas en los centros de salud, las escuelas y los institutos de formación docente se repitieron en las exposiciones. Por su parte, profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho acordaron mencionar la normativa en sus estudios o diagnósticos, para aportar a su diseminación.
Como propone la ley, la intención es la de “sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. Para ello, todavía resta su reglamentación y la asignación de partidas en el presupuesto federal para el abordaje territorial de la problemática.

Alma del Sur