18 de marzo de 2010

Que decidir sobre el propio cuerpo no sea un delito


Por Noelia Leiva

Unas 200 organizaciones de mujeres acompañaron la presentación en el Congreso de un proyecto de ley que autorice la interrupción de embarazos no deseados. Integran la campaña nacional que pide el ejercicio legal, seguro y gratuito del derecho a abortar. Su práctica clandestina lo convirtió en la principal causa de muerte materna. Feministas del Conurbano adhieren al pedido.

El fin del monopolio de las decisiones por mandamientos inoculados desde las instituciones durante el proceso de construcción de la subjetividad. De ello habla el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo por el que vela la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es un viraje de miradas que va más allá de lo sanitario, desde donde las estadísticas denuncian que las prácticas clandestinas para segar la gestación no deseada es la principal causa de muerte materna. Unas 200 organizaciones del país, algunas del Conurbano, iniciaron hace 5 años medidas públicas en pos de respetar esa legitimidad. Ayer presentaron un nuevo proyecto de ley en el Congreso para despenalizar la acción en consecuencia de las propias determinaciones. 
Qué hacer, qué decir, cómo vestir para ser las damas que las normas esperan, listas para dejarse trasvasar desde el nido familiar -bajo la exhausta tutela del varón, consagrado como “jefe”- hasta un nuevo vínculo ungido por otra presencia masculina, la del esposo. El patriarcado dibujó (con variaciones pero siempre obsecuente) el modelo de mujer fiel, dócil y heterosexual. Obligatoriamente madre. Es ése el marco en el que se da la discusión sobre el aborto. Es por las limitaciones de esa matriz que su debate en el ámbito público y político sufre demoras.
Ayer, un conglomerado de militantes se acercó al Parlamento, sobre la porteña avenida Rivadavia, para pedir el tratamiento del proyecto que asegura que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional”, en los servicios gratuitos de atención médica o bajo la cobertura de obras sociales. El plazo de detención responde a las condiciones para preservar la vida de ella, pero en caso de violaciones, afecciones sanitarias y malformaciones fetales graves también podrán finalizarse más tarde, de acuerdo al documento.
“Estamos a favor del derecho a decidir. En el barrio hay muchas madres adolescentes, por eso es importante prevenir, concientizar sobre el uso del preservativo, por ejemplo”, le explicó a LA TERCERA Cristina Centeno, referente de la organización browniana “Creando Juntas”, que aborda la problemática en Don Orione y adhiere a la campaña desde su inicio. Precisamente, el lema de trabajo de la propuesta nacional solicita “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
En esa línea, desde la Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales de la Ciudad de Buenos Aires, la multiplicación informativa no sesgada refuerza “el criterio de autonomía, de separar del sexo reproductivo del placentero, de que toda mujer es dueña de su cuerpo”, subrayó Silvia Kurlat, psicóloga social y presidenta de la institución que también apoya la despenalización. “El aborto existió, existe y existirá, pero cuando se practica en los sectores populares (de forma subrepticia) se pone en riesgo la vida”, denunció, para sintetizar la proclama de los movimientos por la equidad de género que exhortaron a las y los legisladores a asumir su responsabilidad de velar por el bien de todas y todos.


Más información, menos riesgos:
El colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto lanzó una línea telefónica para informar sobre el uso de misoprostol.
El número es el (011) 15- 6664-7070
Funciona de lunes a jueves de 9 a 15 
y el resto de la semana de 18 a 0.

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