29 de diciembre de 2010

“Los pibes a veces ‘existen’ porque cometieron un delito”

Por Noelia Leiva

Lo advirtió la directora del Centro de Referencia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que recibe a chicos y chicas menores de 18 años que cometieron delitos. Atiende casos de seis distritos. El equipo entiende que el conflicto con la Ley es generado como una “crítica” a la sociedad, una expresión de una necesidad insatisfecha, de un derecho vulnerado. De los hechos punibles, sólo el 4 por ciento fue llevado a cabo por niños o adolescentes hasta 16.

Frente a cada uno de los y las jóvenes que llegan al Centro de Referencia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el objetivo de su equipo es facilitar una “inserción plena” en el contexto social de esos adolescentes que cometieron algún delito. Encarnan una alternativa a las medidas clásicas de privación de la libertad, desde una mirada integral de los individuos. Las historias de cada quien, sus deseos, la lectura de la sociedad de consumo y la inequidad como algunas de las claves para el abordaje.
Las experiencias de los tres representantes del grupo de trabajo que dialogaron con LA TERCERA -la directora del espacio y trabajadora social Jorgelina Camiletti, la psicóloga Agustina Romero y el operador comunitario Alberto Gallini- convergen hacia una mirada que borra la culpabilidad de la juventud para hablar de responsabilidad, sin dejar de entender el conflicto con la norma penal como una consecuencia de la vulneración previa de derechos. Reciben a pibes derivados por los jueces de Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda.
-¿Desde qué paradigma se posicionan en el trabajo con los jóvenes?
-J.C.: Nuestro paradigma es el de la promoción y protección de los derechos de los chicos, a partir de la ley 13.634 que no puede pensarse fuera del marco de la 13.298. Nos abocamos a la responsabilidad de los pibes.
-A.R.: Su espíritu es que el joven llega a cometer un delito porque tiene algún derecho vulnerado. A partir de la intervención judicial, se restituye. Como organismo ejecutor de la ley, recibimos al chico, hacemos una evolución psico-social y de su entorno. Buscamos construir junto al pibe una inserción social plena, porque la que tenía en algún punto fue deficitaria.
-¿La institucionalización de los jóvenes es la última medida?
-J.C.: Este dispositivo es una alternativa a eso. Consideramos que el pibe es privado de la libertad en diferentes formas. En los Centros de Contención, por ejemplo, porque está por una orden del juez. Por más que no tengan rejas, está ahí contra su voluntad. Los que vienen al Centro de Referencia también lo hacen obligados porque es una decisión judicial. (N.de R.: De los 180 varones y 7 chicas que se derivan al espacio, sólo 40 no cumplen con las pautas dadas por los profesionales).
-¿Qué importancia tiene la palabra de los jóvenes en los encuentros?
-A.R.: Considero que llegó a su situación porque no tomó las mejores decisiones por sí mismo. Dejar que decida tiene que ver con una ausencia porque si todavía no es mayor de edad es porque no tiene una total autonomía. Muchas veces los padres resaltan que le dieron libertad y los traicionaron, cuando lo que necesitan es tener al padre o la madre normándolos, además de darles afecto.
-J.C.: A los pibes se los escucha pero también deben escuchar porque tienen que entender por qué están acá, que somos un equipo de trabajo que les va a dar herramientas para que puedan seguir adelante. Pensaba en qué lugar tienen los chicos: el ‘no lugar’, porque no pertenecen a ningún lado y, lamentablemente, a veces ‘existen’ porque cometieron un delito.
-A.G.: En su mayoría no fueron escolarizados o la última vez que fueron a la escuela tenían 12 años. Empezaron en otra y los echaron. Lo bueno de las medidas alternativas es que siguen con sus familias, en el barrio, por eso también debe haber modificaciones en su entorno.
-¿Cuán crucial es la relación con el grupo vincular?
-A.R.: Los atravesamientos familiares, sociales e institucionales son determinantes. Para la  promoción de los derechos del pibe también debemos hablar con la familia para que pueda hacer un reordenamiento. Es muy común que un padre diga ‘yo no crié a mi hijo para esto, yo le hablo’. Lo primero que decimos es ‘¿lo escucha? ¿su hijo habla?’. El chico siempre va a volver al ámbito familiar y es ahí cuando debe haber una reformulación. Queremos transmitir un modelo vincular donde exista diálogo y acuerdo.

“Los derechos del victimario fueron vulnerados antes”

-Si pudieran sintetizarse las causas que llevan a que un chico efectúe un delito, ¿cuáles serían?
-A.R.: En lo biológico, están los problemas en la nutrición que hacen que el chico no desarrolle bien su sistema nervioso, no maneje bien sus impulsos. Por otro lado, la (falta de) seguridad de recursos para mantener sus necesidades, que repercute en cuestiones anímicas del pibe y sus padres, al no sentirse con el poder de satisfacer las necesidades de sus hijos. Se ve una madre narcisista, sobreprotectora, omnipresente, con dificultades para establecer un vínculo estable. El padre suele estar ausente, si no es en figura lo es emocionalmente. Hay conflictos no resueltos entre los padres que el chico recibe y pone en escena. Suelen ser jóvenes sobreadaptados porque se adecuan a un ambiente hostil cuando no tienen las estructuras de pensamiento necesarias para hacerlo. Hay problemas que tienen que ver con la autoestima de los chicos para construirse una realidad, un futuro. En la adolescencia todo tiene una inmediatez. Se agrupan con sus padres para satisfacer necesidades urgentes. La sociedad del consumo lo favorece. Los chicos no quieren ir a la escuela para tener un proyecto a futuro, quieren plata ya y si no consiguen trabajo van a buscarla de otra manera. Esto no siempre tiene que ver con que tengan hambre, eso también es un prejuicio. Quieren acceder a lo que ven que otros pueden tener. Como todo el mundo, quieren pertenecer.
-¿Se relaciona con el ‘tener’?
-A.R.: Sí, es la sociedad del tener más que del hacer. También, como otras causas, hablamos de padres con problemas de alcoholismo que los chicos muchas veces reproducen. Hay cultura en la familia relacionada con la transgresión de las normas, que no necesariamente implica el delito y la violencia pero el chico termina por tomar esa posta. También vemos padres que se sienten mermados en su rol, por ejemplo, por tener alguna discapacidad. Esto les repercute anímicamente por no poder cumplir el modelo hombre-macho-proveedor, ni construir otro. Los pibes necesitan desarrollar formas alternativas a la verbal para expresar su problemática. Con su accionar, le ponen el cuerpo a una crítica bastante fuerte a lo que somos como sociedad.
-J.C.: Entonces los pibes no nacen chorros o malos. Son un producto de esta enumeración, de la inequidad. Es más fácil mostrar un joven que cometió un delito que a quince adultos que hicieron lo mismo. Sobre el 100 por ciento de los delitos, sólo el 4 está cometido por menores de 18 años.
-¿Eso echa por tierra que bajar la edad de imputabilidad reduciría la cantidad de delitos?
-J.C.: Tenemos una ley que dice que los jóvenes que pueden ser punibles tienen que tener entre 16 y 17 años pero en la provincia de Buenos Aires hay jóvenes de 14 y 15 años privados de la libertad porque la misma norma (la 13.634) en su artículo 64 permite que un juez institucionalice a un joven no punible bajo la categoría de ‘seguridad’. Crearíamos lugares para encerrar a los chicos cada vez más niños y no es la solución. Es más profundo
-A.G.: Hay que fortalecer a los Servicios Zonales y Locales.
-A.R.: Y la prevención primaria del delito. Dicen ‘entonces hay que defender los derechos del asesino o el victimario”: los de la víctima siempre están más defendidos por la sociedad en su conjunto, los del victimario se suponen vulnerados mucho antes de haber cometido el delito, que es una consecuencia de esa vulneración previa.
-J.C.: Es un mito que ‘no pasa nada’, que ‘entra y sale si es menor de edad’. En la provincia, hay 490 pibes privados de la libertad y 2.700 con medidas alternativas.

Publicada en La Tercera del 28 de diciembre de 2010

La casa del vecino Norberto que se llamaba Rodolfo

Por Noelia Leiva

La periodista local Patricia Serrano se presentó como testigo en la causa por crímenes de lesa humanidad en la ESMA a partir de una investigación realizada sobre la última vivienda de Rodolfo Walsh. Está ubicada en el barrio El Fortín del distrito. Allí el escritor vivió durante tres meses con un nombre falso. En ese lugar también escribió la Carta a la Junta Militar. De ese hogar lo secuestró un grupo de tareas. Treinta y tres años después un juicio avanza tras los nombres de los culpables.
                                                             
“Por tres meses, Freyre fue otro vecino del barrio. La casa la compró con el mismo documento que había utilizado para escribir Operación Masacre, cuando por primera vez sintió la urgencia de una identidad falsa y papeles apócrifos. Más de quince años después, ese documento permitió a Rodolfo Walsh ser Norberto Freyre otra vez, en San Vicente”. Así da sus pasos iniciales el artículo que elaboró la periodista local Patricia Serrano sobre los tres meses que el escritor detenido y desaparecido en 1977 vivió en el distrito. Por esa investigación fue llamada a declarar como testigo en la causa por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En adelante, una de las aristas en las que ahondará la Justicia es la relación de la Policía local en el operativo que destruyó la vivienda, secuestró volúmenes de la obra inédita del militante y borró su paradero.
La proximidad geográfica pero más “la admiración” por el hombre que supo escribir la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar movilizaron la búsqueda de información hace unos dos años, describió la comunicadora. Esa llama la impulsó hacia el mismo “barrio obrero” en el que hace tres décadas pisó, con los zapatos hundidos en el barro, el sujeto que decidió presentarse al vecindario con un nombre distinto para preservar su vida, aunque las botas terminaron por aniquilar su libertad.
Es que los ‘puntos finales’ al relato detrás del discurso oficial y el olvido neoliberal de 1990 contribuyeron a que todavía no se definieran el principio, nudo y desenlace de las experiencias tras los muros del hogar de El Fortín, hoy habitada por María Salas, hermana de Rubén, un efectivo retirado. Desandar el derrotero local de Walsh permitiría “reconstruir su historia y resolver la de San Vicente, que es tan necesario”, entendió la vecina.
Para dar con los datos de ese pasado reciente, la herramienta fue la entrevista cara a cara con las personas que vieron desde sus ventanas el accionar del grupo de tareas. A la gente de los terrenos lindantes “les dijeron que estaban buscando a una pareja, se confundieron de casa primero” hasta que dieron con la buscada y a punta de arma les indicaron “que se quedaran adentro”, relató la investigadora, en diálogo con LA TERCERA. Pese a que quienes ya son adultos mayores recuerdan esa jornada, muchos se enteraron de quién había sido en realidad Freyre cuando ella se acercó a desenredar el ovillo de vivencias violentadas.

De refugio a patrimonio histórico

Paradójicamente, a la cara de acción concreta de un modelo económico que estaba afianzado en la propiedad nada parecía importarle adentrarse en un espacio familiar cuya titularidad estaba escriturada. La expropiación de los bienes de los detenidos en centros clandestinos era el festín de los hombres del Falcon verde, sin contar el crimen de cosificar y apropiarse de niñas y niños. La casa del periodista en el partido no fue la excepción.
Allí había llegado en enero de 1977, tres meses antes de que escribiera la misiva a quienes iban a ser sus asesinos, en un juicio que recién ahora busca dar con el nombre de los culpables. Vivía con su compañera Lilia. Las parcelas “fueron compradas con dinero prestado por su primera mujer. Necesitaba algo barato pero que estuviese conectado con Capital y cerca del agua. El viejo Matute, dueño de una inmobiliaria del pueblo, se la vendió a un precio módico”, reflejó la sanvicentina en la crónica publicada en el diario Crítica que le valió la convocatoria como testigo del proceso judicial sobre la tortura y los homicidios ocultos tras las paredes blancas de la ESMA.
Entonces decidió que todos en el vecindario creyeran que era Norberto Freyre quien se había mudado. “Las partidas municipales (identificadas como 004411, 059749, 059750 y 059751) llegaban con ese nombre”, explicó Serrano a este medio. Así fue hasta que el Ejecutivo decidió dar de baja esa facturación, cuya deuda apenas superaría los 5 mil pesos, para convertir ese espacio de muerte en uno donde reviva la memoria: patrimonio histórico distrital.
Mientras el Congreso Nacional analiza darle a ese techo una importancia histórica federal, en su interior todavía habita la hermana de un policía cuya relación con el operativo que secuestró al autor está en averiguación.

Para que no hablen “los de los derechos humanos”

Rubén Salas ingresó a la escuela de cadetes Juan Vucetich en 1974. Dos años después, egresó y comenzó a ‘prestar servicios’ en la Comisaría Segunda de Almirante Brown. A partir del testimonio de Serrano se incorporó a la causa un listado del personal que en 1977 se desempeñaba en esa dependencia -en el que está incluido el hombre- para verificar “la colaboración de la Policía local para ayudar (en el ataque al dirigente) y permitir que pasara”, señaló la periodista.
Ese personaje aseguró, según el escrito publicado en el medio nacional ahora defendido por sus trabajadores, que hacia 1978 tomó la vivienda del referente de Montoneros y reparó su estructura, devastada por los verdes, como respuesta a un pedido de su madre. “Viste cómo son las viejas cuando se les mete algo en la cabeza”, trató de justificar el sujeto, según el informe. “Tengo miedo. Los de derechos humanos, con esto de que soy policía retirado, pueden hacer cualquier cosa, inventar”, esbozó.
Su hermana, María, es la actual moradora de la vivienda. “Esta casa estaba destruida. Nosotros la arreglamos. Es nuestra casa”, recalcó la mujer en el trayecto informativo que sirvió de dato a la Justicia. Cansada de las consultas incipientes sobre el dueño original del espacio, no suele dar explicaciones sobre su llegada a ese punto del Conurbano ni permitir tomar fotografías en su interior.
La vinculación entre la arteria local de la nada inactiva fuerza de la provincia durante la dictadura es la próxima instancia a revelar. Aunque Patricia Walsh, dirigente política e hija de Rodolfo, “tiene la idea de que la familia consiga una salida buena, que no sea para nada forzada, que se pueda conseguir una solución para todos”, aclaró la periodista.

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“La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.
Así inicia la Carta a la Junta militar firmada con fecha del 24 de marzo de 1977. Al otro día, un grupo de tareas lo secuestró en su casa.


Publicado en La Tercera del 1 de diciembre de 2010