Por Noelia Leiva
Están privadas de su libertad por delitos cometidos como consecuencia del contexto de violencia que padecían en sus barrios. Tras los muros, la discriminación recrudece. Las obligan a vivir con varones, algunos encarcelados por vejaciones sexuales. En la mayoría de los penales, se niegan a llamarlas por su nombre y limitan el uso de vestimenta femenina. Organizaciones sociales denuncian el maltrato y reclaman cambios urgentes.
Unas 26.900 personas están detenidas en cárceles bonaerenses. Las estadísticas no diferencian a la población por género y mucho menos incluyen a las trans, una de las poblaciones más vulneradas. En un contexto atravesado por el machismo, su invisibilización va de la mano de la violencia: tienen dificultades para vestirse con ropa femenina, están obligadas a convivir con hombres y son condenadas por el prejuicio de la “sexualidad desviada”, que las transforma en objeto de abusos.
El entorno hace de la identidad de género la única referencia a ellas, tamizada desde el prejuicio. Es una variable inherente a cualquier humano pero a ellas las hace ‘particulares’, no para diseñar políticas adecuadas a sus necesidades, sino para convertirlas en el blanco móvil de la verticalidad extrema del poder intramuros. La exclusión se mide desde sus primeros contactos con el mundo presidiario, porque los expedientes judiciales las mencionan con el nombre con el que nacieron; una práctica que repite el personal de seguridad con el fin de marcar que allí no serán entendidas tal como son.
Deben residir en pabellones masculinos u “homosexuales, que en realidad alojan a personas gays, trans y presos que tienen causas penales por delitos sexuales, porque el criterio que subyace es el de ‘conducta sexual desviada’”, explicó Juliana Brizuela, miembra del Comité contra la Tortura que pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria. Esa es una de las causas de que las internas sean “sistemáticamente víctimas de violaciones”, además de que el contexto legitimó que la satisfacción de los derechos básicos de ellas, como el de acceder a comida o una tarjeta telefónica para llamar a sus amistades, debe ser mediada por ‘favores’ genitales a internos y uniformados.
Un hábeas corpus colectivo presentado a mediados de 2010 por la institución y avalado por unas veinte organizaciones sociales sentó precedente cuando denunció la “violencia física y sexual y los traslados arbitrarios que sufren personas trans/travestis” en el territorio bonaerense. En particular, seis que estaban alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela (cuyos nombres se reservaron) habían sido llevadas a la 2 de Sierra Chica “como represalia por no haber accedido a los pedidos efectuados por el Jefe del Penal a tener sexo con él y con su personal, y por querer destapar muchas cosas como la venta de estupefacientes, cocaína, marihuana, pastillas”, citó un comunicado del Comité de agosto último.
A partir de esa intervención, dos de las internas sometidas fueron derivadas al Complejo 1 del Sistema Penitenciario Federal que funciona en Ezeiza, donde sí hay un pabellón exclusivo, pero siempre con compañeros y guardias varones. Jessika Delfina González tuvo una residencia más larga en Olavarría, donde los tratos vejatorios no cesaron, hasta que le concedieron incorporarse a un ‘régimen abierto’ en la Unidad 12 de Gorina, La Plata.
Allí reside en una prisión adecuada al programa “Casas para Cárceles”, espacios de convivencia menos reglada que apunta a fomentar la socialización de personas que recibirán salidas transitorias. Es la primera transgénero que accede a lo previsto por el artículo 100 de la ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, que permite salir de la máxima o mediana seguridad cuando se obtiene una “evaluación criminológica favorable”.
Un pacto para vivir
Cuando Jessika llegó, no la dejaban usar polleras, vestidos o calzas, pese a que utilizar otra indumentaria era negar su identidad. “Acordamos que no tenía que usar vestimenta provocadora cuando vinieran visitas”, planteó y evidenció que el estereotipo de la mujer trans que se reproduce en las cúpulas de la Fuerza es el de la sexualidad exacerbada, tal vez derivada de la reducción de esa población a la práctica de la prostitución, a la que llegan como consecuencia de la falta de oportunidades laborales.
Pese a que los obstáculos al desarrollo digno no habían cesado por completo, caminar por un penal que no tiene muros sino alambrado fue un cambio “esperanzador” para atravesar la última mitad de su condena. Espera acceder en septiembre próximo a salidas de 48 horas para visitar a su mamá y, si todo va bien, en 2012 gozar de más tiempo fuera de la cárcel para recomponer las amistades que la esperaron durante los cuatro años y medio que lleva privada de su libertad.
Las recorridas periódicas del Comité contra la Tortura la ayudan a “estar tranquila” y sostener un “trato distante” con los efectivos, que, hasta el momento, no intentaron reproducir los vínculos de sometimiento que sus pares aplicaron en los establecimientos anteriores. Pero esta vez, la falta de contención se hizo carne en la ausencia de tratamiento por el VIH con el que convive a partir de una violación. “El infectólogo me dijo que no estoy para ser medicada porque tengo mis defensas altas y el virus bajo, tengo que esperar hasta una enfermedad oportunista, pero yo no quiero. La medicación es gratuita y es una ley nacional”, defendió González, que también proyecta ser la primera trans en situación de encierro en adquirir el DNI con el nombre propio de su género.
Las otras ausencias
El entorno hace de la identidad de género la única referencia a ellas, tamizada desde el prejuicio. Es una variable inherente a cualquier humano pero a ellas las hace ‘particulares’, no para diseñar políticas adecuadas a sus necesidades, sino para convertirlas en el blanco móvil de la verticalidad extrema del poder intramuros. La exclusión se mide desde sus primeros contactos con el mundo presidiario, porque los expedientes judiciales las mencionan con el nombre con el que nacieron; una práctica que repite el personal de seguridad con el fin de marcar que allí no serán entendidas tal como son.
Deben residir en pabellones masculinos u “homosexuales, que en realidad alojan a personas gays, trans y presos que tienen causas penales por delitos sexuales, porque el criterio que subyace es el de ‘conducta sexual desviada’”, explicó Juliana Brizuela, miembra del Comité contra la Tortura que pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria. Esa es una de las causas de que las internas sean “sistemáticamente víctimas de violaciones”, además de que el contexto legitimó que la satisfacción de los derechos básicos de ellas, como el de acceder a comida o una tarjeta telefónica para llamar a sus amistades, debe ser mediada por ‘favores’ genitales a internos y uniformados.
Un hábeas corpus colectivo presentado a mediados de 2010 por la institución y avalado por unas veinte organizaciones sociales sentó precedente cuando denunció la “violencia física y sexual y los traslados arbitrarios que sufren personas trans/travestis” en el territorio bonaerense. En particular, seis que estaban alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela (cuyos nombres se reservaron) habían sido llevadas a la 2 de Sierra Chica “como represalia por no haber accedido a los pedidos efectuados por el Jefe del Penal a tener sexo con él y con su personal, y por querer destapar muchas cosas como la venta de estupefacientes, cocaína, marihuana, pastillas”, citó un comunicado del Comité de agosto último.
A partir de esa intervención, dos de las internas sometidas fueron derivadas al Complejo 1 del Sistema Penitenciario Federal que funciona en Ezeiza, donde sí hay un pabellón exclusivo, pero siempre con compañeros y guardias varones. Jessika Delfina González tuvo una residencia más larga en Olavarría, donde los tratos vejatorios no cesaron, hasta que le concedieron incorporarse a un ‘régimen abierto’ en la Unidad 12 de Gorina, La Plata.
Allí reside en una prisión adecuada al programa “Casas para Cárceles”, espacios de convivencia menos reglada que apunta a fomentar la socialización de personas que recibirán salidas transitorias. Es la primera transgénero que accede a lo previsto por el artículo 100 de la ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, que permite salir de la máxima o mediana seguridad cuando se obtiene una “evaluación criminológica favorable”.
Un pacto para vivirCuando Jessika llegó, no la dejaban usar polleras, vestidos o calzas, pese a que utilizar otra indumentaria era negar su identidad. “Acordamos que no tenía que usar vestimenta provocadora cuando vinieran visitas”, planteó y evidenció que el estereotipo de la mujer trans que se reproduce en las cúpulas de la Fuerza es el de la sexualidad exacerbada, tal vez derivada de la reducción de esa población a la práctica de la prostitución, a la que llegan como consecuencia de la falta de oportunidades laborales.
Pese a que los obstáculos al desarrollo digno no habían cesado por completo, caminar por un penal que no tiene muros sino alambrado fue un cambio “esperanzador” para atravesar la última mitad de su condena. Espera acceder en septiembre próximo a salidas de 48 horas para visitar a su mamá y, si todo va bien, en 2012 gozar de más tiempo fuera de la cárcel para recomponer las amistades que la esperaron durante los cuatro años y medio que lleva privada de su libertad.
Las recorridas periódicas del Comité contra la Tortura la ayudan a “estar tranquila” y sostener un “trato distante” con los efectivos, que, hasta el momento, no intentaron reproducir los vínculos de sometimiento que sus pares aplicaron en los establecimientos anteriores. Pero esta vez, la falta de contención se hizo carne en la ausencia de tratamiento por el VIH con el que convive a partir de una violación. “El infectólogo me dijo que no estoy para ser medicada porque tengo mis defensas altas y el virus bajo, tengo que esperar hasta una enfermedad oportunista, pero yo no quiero. La medicación es gratuita y es una ley nacional”, defendió González, que también proyecta ser la primera trans en situación de encierro en adquirir el DNI con el nombre propio de su género.
Las otras ausencias
La atención sanitaria es un faltante para toda la población carcelaria. El colectivo que integra la Comisión de la Memoria aseguró que “en las cárceles se registran siete veces más muertes por VIH que afuera porque los tratamientos no son sostenidos y la alimentación no es adecuada para soportar el cóctel de pastillas, además de que están expuestas y expuestos a malas condiciones de salubridad e higiene”, denunció Brizuela, la integrante del órgano bonaerense que suele acudir al llamado de las agrupaciones que militan por el respeto a sus compañeras trans privadas de su libertad.
Lo observado se aleja de los preceptos que el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial fijó para las personas recluidas en la resolución 1938 de 2010, donde considera que “resulta imprescindible no sólo asegurar alojamiento y trato diferenciando a los internos según su sexo y situación procesal, sino que, a la vez, debe tenerse necesariamente en cuenta otros aspectos como franjas etáreas, naturaleza de la infracción cometida o reprochada, perfil criminológico, psicosocial y cualquier otra condición de vulnerabilidad, como enfermedad o discapacidad”. Esa consigna tampoco se refleja en la conformación de los pabellones “homosexuales”.
En ese contexto, el apoyo emocional del entorno afectivo es fundamental para resistir, pero el contacto no es sencillo. “Hay algo estructural, que es que fueron expulsadas de su hogar en la adolescencia temprana, cuando empezaron a asumir su identidad, por lo que sus ‘familias’ suelen ser las compañeras. Sus amigas trans tienen mayores dificultades para ingresar a la visita porque son maltratadas en la requisa”, explicó la integrante de la institución que realiza informes anuales sobre los tratos degradantes en los 54 establecimientos provinciales de reclusión.
La distancia con el afuera se potencia cuando son llevadas a “buzones (celdas de castigo) mientras esperan a ser trasladadas, donde pueden estar un mes o más aunque sean espacios muy reducidos”, aseguró Romina Rodríguez, integrante de la agrupación Pepita Guerra y de la Coordinadora por lxs Trans Presxs que acompañó denuncias ante la Justicia sobre el avasallamiento de los derechos de las detenidas.
En esos reductos permanecen también cuando llegan a una dependencia y no saben a qué pabellón llevarlas por la falta de sectores propios para personas con su identidad genérica. También son confinadas al aislamiento si ponen en evidencia abusos por parte del personal carcelario, como ocurrió en agosto del año pasado con dos internas de la Unidad 40 de Lomas de Zamora que decidieron realizar una huelga de hambre para pedir el traslado a Ezeiza, donde el trato es algo más digno. “La violencia transfóbica se da todo el tiempo. Son discriminadas, no son leídas como travestis sino como varones”, cuestionó la militante.
Lo observado se aleja de los preceptos que el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial fijó para las personas recluidas en la resolución 1938 de 2010, donde considera que “resulta imprescindible no sólo asegurar alojamiento y trato diferenciando a los internos según su sexo y situación procesal, sino que, a la vez, debe tenerse necesariamente en cuenta otros aspectos como franjas etáreas, naturaleza de la infracción cometida o reprochada, perfil criminológico, psicosocial y cualquier otra condición de vulnerabilidad, como enfermedad o discapacidad”. Esa consigna tampoco se refleja en la conformación de los pabellones “homosexuales”.
En ese contexto, el apoyo emocional del entorno afectivo es fundamental para resistir, pero el contacto no es sencillo. “Hay algo estructural, que es que fueron expulsadas de su hogar en la adolescencia temprana, cuando empezaron a asumir su identidad, por lo que sus ‘familias’ suelen ser las compañeras. Sus amigas trans tienen mayores dificultades para ingresar a la visita porque son maltratadas en la requisa”, explicó la integrante de la institución que realiza informes anuales sobre los tratos degradantes en los 54 establecimientos provinciales de reclusión.
La distancia con el afuera se potencia cuando son llevadas a “buzones (celdas de castigo) mientras esperan a ser trasladadas, donde pueden estar un mes o más aunque sean espacios muy reducidos”, aseguró Romina Rodríguez, integrante de la agrupación Pepita Guerra y de la Coordinadora por lxs Trans Presxs que acompañó denuncias ante la Justicia sobre el avasallamiento de los derechos de las detenidas.
En esos reductos permanecen también cuando llegan a una dependencia y no saben a qué pabellón llevarlas por la falta de sectores propios para personas con su identidad genérica. También son confinadas al aislamiento si ponen en evidencia abusos por parte del personal carcelario, como ocurrió en agosto del año pasado con dos internas de la Unidad 40 de Lomas de Zamora que decidieron realizar una huelga de hambre para pedir el traslado a Ezeiza, donde el trato es algo más digno. “La violencia transfóbica se da todo el tiempo. Son discriminadas, no son leídas como travestis sino como varones”, cuestionó la militante.
La condena previa
Las intimidaciones no comienzan tras los muros. La mayoría de las detenidas llegan por haber cometido homicidios “en situación de riña, pelea o para defenderse”, puntualizó Brizuela. “Es una consecuencia de la desprotección que tienen cuando están en la calle”, que las lleva a buscar salidas extremas a la degradación de la que son víctimas por el “estigma” de no poder encasillarse en la dicotomía de lo femenino y lo masculino.
En menor medida, algunas ‘caen’ por robar, lo cual también se desprende de las pocas oportunidades de acceder a un trabajo. La sentencia no es ajena a que, si falta un objeto, “hay tres personas y una es trans, ésa es la acusada”, entendió la investigadora.
“Se las condena por su identidad, porque pertenecen a un sector vulnerado que la sociedad recluye en la prostitución o situaciones de no respeto por la salud y la educación”, coincidió Rodríguez. A la hora de juzgarlas, “los argumentos que se usan son muy discriminatorios porque se meten con las cuestiones privadas, con la intimidad, como pasa con las mujeres”, cuestionó. Es que, entonces, la equiparación de derechos con el resto de las personas precisa gestarse desde el ‘afuera’, donde son presas de la segregación.
Las intimidaciones no comienzan tras los muros. La mayoría de las detenidas llegan por haber cometido homicidios “en situación de riña, pelea o para defenderse”, puntualizó Brizuela. “Es una consecuencia de la desprotección que tienen cuando están en la calle”, que las lleva a buscar salidas extremas a la degradación de la que son víctimas por el “estigma” de no poder encasillarse en la dicotomía de lo femenino y lo masculino.
En menor medida, algunas ‘caen’ por robar, lo cual también se desprende de las pocas oportunidades de acceder a un trabajo. La sentencia no es ajena a que, si falta un objeto, “hay tres personas y una es trans, ésa es la acusada”, entendió la investigadora.
“Se las condena por su identidad, porque pertenecen a un sector vulnerado que la sociedad recluye en la prostitución o situaciones de no respeto por la salud y la educación”, coincidió Rodríguez. A la hora de juzgarlas, “los argumentos que se usan son muy discriminatorios porque se meten con las cuestiones privadas, con la intimidad, como pasa con las mujeres”, cuestionó. Es que, entonces, la equiparación de derechos con el resto de las personas precisa gestarse desde el ‘afuera’, donde son presas de la segregación.
*
En nombre del derecho
“Las personas trans somos las olvidadas de la democracia y necesitamos que de forma urgente se nos reconozca como ciudadanas con derecho a tener el nombre con el que nos movemos socialmente”, reclamó Marcela Romero, una de las primeras en tener en sus manos el DNI que refleja su identidad, luego de la década que la Justicia demoró en equipararla con el resto de la sociedad. Por eso, desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) que preside, impulsa el proyecto de ley que reconoce el género de los individuos sin tener que pasar por un estrado en cada trámite ni realizarse operaciones de reasignación de sexo.
La norma 18.248 dictada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía en 1969 establece que los nombres y apellidos sólo se pueden modificar mediante “orden judicial”, por lo que su vigencia obliga a las mujeres y hombres trans a sostener procesos extensos para que el Estado los reconozca tal como son, una decisión que siempre quedará a criterio del magistrado que entienda en la causa.
La alternativa impulsada por la Attta, integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), entiende que el cambio de la información sólo debe requerir de una presentación ante el Registro Nacional de las Personas. El Frente Nacional por la Identidad y el Partido Socialista también elaboraron propuestas que coinciden en el concepto central: la “despatologización” de la diversidad sexual.
“Esperé diez años para que un juez dictamine mi identidad, mi vida, mi cuerpo, la que soy. Esta ley nos va a dar dignidad y acceso a las políticas públicas” incluso para las compañeras presas, convocó Marcela, que se mostró esperanzada sobre la aprobación de la iniciativa antes de fin de año. Cuentan con el aval del Inadi, cuyo presidente bonaerense, Pablo Roma, entendió que “todavía el tema no subió a la superficie social, pero hay que confiar en que, si se avanzó muchísimo con el matrimonio igualitario, tranquilamente se podrá dar este debate”.
La norma 18.248 dictada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía en 1969 establece que los nombres y apellidos sólo se pueden modificar mediante “orden judicial”, por lo que su vigencia obliga a las mujeres y hombres trans a sostener procesos extensos para que el Estado los reconozca tal como son, una decisión que siempre quedará a criterio del magistrado que entienda en la causa.
La alternativa impulsada por la Attta, integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), entiende que el cambio de la información sólo debe requerir de una presentación ante el Registro Nacional de las Personas. El Frente Nacional por la Identidad y el Partido Socialista también elaboraron propuestas que coinciden en el concepto central: la “despatologización” de la diversidad sexual.
“Esperé diez años para que un juez dictamine mi identidad, mi vida, mi cuerpo, la que soy. Esta ley nos va a dar dignidad y acceso a las políticas públicas” incluso para las compañeras presas, convocó Marcela, que se mostró esperanzada sobre la aprobación de la iniciativa antes de fin de año. Cuentan con el aval del Inadi, cuyo presidente bonaerense, Pablo Roma, entendió que “todavía el tema no subió a la superficie social, pero hay que confiar en que, si se avanzó muchísimo con el matrimonio igualitario, tranquilamente se podrá dar este debate”.
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Visibilizar la tortura
Para generar un cambio de paradigma en el trato que reciben las detenidas y los detenidos en los penales provinciales, las organizaciones de derechos humanos reclaman más presencia de la sociedad civil y la conformación de un ente con potestad para auditar el funcionamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, solicitar políticas democráticas para las personas detenidas e intervenir ante el Poder Judicial cuando sea necesario analizar el comportamiento de autoridades y efectivos.
Así lo expusieron las entidades, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que elaboraron el proyecto de creación del Mecanismo Nacional para la Implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura. Su puesta en marcha requiere el “fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas”.
Entre las potestades del comité que encarnaría la medida, se cuentan realizar inspecciones “regulares o extraordinarias y sin previo aviso”, diseñar políticas para mejorar la situación de encierro, mantener reuniones con familiares de los presos y solicitar explicaciones a los funcionarios que sean cuestionados. Plantean la necesidad del vínculo estrecho con los representantes del Estado, pero entienden que es una posibilidad de intervención directa de las ONG comprometidas con la temática.
Apoyados en ese trabajo, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó en abril último la creación de un sistema de auditorías a los espacios de reclusión para constatar que se respete la integridad de las personas detenidas y denunciar si no se cumple. Si Diputados también lo avala, los colectivos sociales que se inscriban en el Ministerio de Justicia provincial podrán participar en las visitas junto al órgano de aplicación del régimen. La propuesta se sostiene en la adaptación del texto normativo a la ley 25.938 con la que Argentina adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, elaborado en Estados Unidos en 2002.
Ambas iniciativas son avances para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “expresó su preocupación por ‘las dramáticas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad’ en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires” tras la venida de uno de sus representantes en junio de 2010, aseguró la Comisión provincial por la Memoria, también impulsora del proyecto rubricado por el CELS.
Publicada en la Revista El Cruce de julio de 2011
