Por Noelia Leiva
Son vecinos y vecinas que se organizaron para defender la riqueza natural de donde viven. Megaminería a cielo abierto y proliferación de proyectos inmobiliarios en espacios verdes son sus peores enemigos.
La megaminería a cielo abierto y la
contaminación lo cambiaron todo. Son amenazas latentes y a veces consolidadas
pero también cimbronazos que instaron a los pueblos a organizarse. De norte a
sur del país, la explotación indebida de espacios verdes con fines económicos
llamó a hombres y mujeres a conformar asambleas vecinales, para muchos la
primera experiencia vívida de participación ciudadana por fuera del sufragio.
Hasta se agruparon con pares de otras provincias y, a fuerza de movilización,
lograron presionar para que los grupos financieros cuestionados no violen la
riqueza natural.
Hace 9 años, unos 8.000 residentes de
Esquel (cerca del 27% de la población) se movilizaron para reclamar que la
empresa estadounidense Meridian Gold Incorporated no se instalara en el Cerro
21, cercano al pueblo, para extraer oro y plata utilizando cianuro. La marcha,
que fue la más concurrida en la historia de la región, logró que tres días
después, el 23 de marzo, se firmara un plebiscito que repudió la utilización de
sustancias nocivas para la salud en esa actividad. Aunque no fue vinculante, el
Congreso tomó el guante y sancionó la Ley 5.001 que «prohíbe la actividad
minera metalífera en el ámbito de la provincia» de Chubut. Ese fue un hito en
la coordinación de vecinos en defensa del ambiente, aunque ahora sostienen la
lucha contra Yamana Gold, que compró a Meridian, y en desacuerdo con un
proyecto legislativo impulsado por la gobernación que busca permitir la
actividad con un «marco regulatorio».
El «No a la mina» patagónico fue el
primero de Argentina protagonizado por ciudadanos de a pie, que todavía se
reúnen el 4 de cada mes en el centro de la ciudad para que la causa no se
olvide. Le siguió el «Fuera Botnia» de Entre Ríos, el rechazo a la papelera que
tomó como símbolo el corte del puente General San Martín, al borde del río
Uruguay. En Catamarca el movimiento ambiental se activó en 2010, aunque sus
pioneros habían encendido la llama 13 años antes.
El ofrecimiento de puestos de trabajo y
la aceptación que hasta ese momento tenía la minería en Andalgalá fue el
escenario propicio para el establecimiento de La Alumbrera a unos 2.600 metros
sobre el nivel del mar y a 240 kilómetros de la capital provincial. El cambio
en la mirada de los habitantes se dio «con el intento por avanzar con otro
megaproyecto, más grande aún, que se llama Agua Rica de Yamana Gold. Encima la
gente se enteró de que la ciudad se encontraba concesionada para la exploración
y explotación minera», rescata Moro Flores, integrante de Vecinos por la vida,
el colectivo que se formó para defender la integridad de su paisaje y la salud
de las personas. Flores conversó con este medio antes de sufrir un grave
accidente al caer de una antena que intentaba instalar para que en la zona
hubiera una emisora radial con voces propias, informan sus compañeros. Ahora
lleva en carne propia la lucha por la vida.
El 15 de febrero de 2010, «hubo un
intento de pasar unas máquinas a fuerza de represión, se levantó todo el pueblo
y provocó lo que hoy se recuerda como el Cheleminazo (en honor al cacique Juan
Chelemin, que se enfrentó a los europeos en el siglo XVII) o Andalgalazo»,
destaca el referente. Casi todos se conocían en el pueblo, pero desde ese día
supieron mejor que nunca de qué lado estaba cada uno.
El camino que siguió ese colectivo fue el
que se repite a lo largo del mapa: identificar el problema, concretar la
organización vecinal, informarse con especialistas en ciencias naturales y
derecho, convocar marchas para visibilizar la problemática y decidir sumarse o
conformar una red interprovincial de ecologistas. «Tuvimos la necesidad de
lograr una ligazón más efectiva en los hechos. Así nació la Coordinación
Regional, que incluye Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy y
Santiago del Estero», además de los anfitriones catamarqueños, describe Flores.
En la órbita nacional integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que a
mediados de abril se reunieron para convocar el Parlamento de los Pueblos y
realizar un diagnóstico sobre minería, petróleo y agua.
Un requisito central para sostenerse en
el tiempo es fijar los objetivos. Para Andalgalá, la presencia de Yamana es
sinónimo de «saqueo», por eso montaron «bloqueos selectivos a los insumos de la
minera». Periódicamente, las mujeres que integran la Asamblea El Algarrobo
realizan la Marcha del silencio al camino Villa Vil, que conduce a parcelas
adquiridas por La Alumbrera para repudiar que continúen su actividad y usen esa
vía, aunque una medida judicial prohíbe que los camiones de la firma circulen
por ella. Sin embargo, «a los trabajos de explotación que se realizan en el
nevado hay que sumarle los hechos de violencia y la creciente situación de
impunidad a la cual quedamos expuestos los vecinos, con su pico de máxima
expresión cuando grupos mineros sitiaron Andalgalá» para avanzar con los
trabajos sin que las autoridades locales lo condenen, denuncia una carta
pública al intendente Alejandro Páez que elaboraron los ambientalistas y
difundió la UAC.
En Mendoza, el tema fue uno de los más
discutidos en el poder legislativo durante el año pasado. En agosto de 2011, la
presión interprovincial cosechó una victoria: la Cámara de Diputados rechazó
por unanimidad el estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero San Jorge,
lo que impide que la compañía canadiense Coro Mining Corp. obtenga oro en
Uspallata. Si bien la iniciativa no se aplicó, la compañía ahora quiere tomar
cobre y se volvió el blanco de la disputa política. Unas 36.000 firmas se
recolectaron en el primer aniversario de ese triunfo para solicitar que no se
modifique ni declare inconstitucional la Ley 7.722, que prohíbe el uso de
químicos en la minería a cielo abierto.
«El pueblo entendió que debía defender
sus bienes naturales comunes, que son más que el oro y el cobre. Son el aire,
el agua, la flora, la fauna; la posibilidad de vivir sin el tremendo daño que
hubiesen significado las extracciones», destacaba Marcelo Giraud, integrante
del grupo ecologista, en una entrevista con el Foro Argentino de Radios
Comunitarias tras la victoria de aquel 25 de agosto emblemático. Según el parte
oficial que publicó entonces el legislativo, la presentación se rebatió «por
tener más de 140 observaciones, como la necesidad de mantener las reservas de
agua de Mendoza para consumo humano y uso agrícola, y el pequeño porcentaje de
regalías que obtiene la provincia en materia de explotación minera». Los
ingresos siempre cuentan en la balanza de las decisiones.
Matanza-Riachuelo: los últimos oasis
Una tarde, Martín Farina decidió llegar
con su bicicleta hasta La Horqueta, en Monte Grande, distrito bonaerense de
Esteban Echeverría. Le habían dicho que allí estaba la Laguna de Rocha, que
hasta ese momento el joven desconocía. Era cierto: casi 1.000 hectáreas de
bosques, pastizales y cuerpos de agua estaban ocultos detrás del centro de
distribución de un supermercado y de una sede del Correo Argentino, a 11
kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
«Al principio no íbamos por la
conservación porque no sabíamos lo que estaba pasando, la idea era que la gente
entendiera lo que había cerca de sus casas. Todavía no conocíamos el fallo
Mendoza (que impulsa el saneamiento del la Cuenca Matanza-Riachuelo) ni sobre
el problema con la desarrolladora Creaurban», describe el estudiante de
paleontología. La constructora Creaurban compró las parcelas próximas al
sistema hídrico, donde además se sembró trigo pese a que no se trata de una
zona rural. Incendios, movimientos de suelo y las posibilidades de que la
empresa instale uno de sus emprendimientos inmobiliarios movilizaron la
organización vecinal para demandar que el predio se declare Reserva Natural
Provincial.
En setiembre del año pasado, la Cámara de
Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto. Un mes antes, el juez
federal de Quilmes Luis Armella había exigido que la Legislatura «brindara
protección legal a la laguna», asegura un comunicado del colectivo Vecinos de
los barrios aledaños al Centro Atómico Ezeiza, también comprometido con la
causa. La acción respondió a un recurso de amparo presentado por el grupo de
residentes y patrocinado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
«para proteger la zona de la construcción de una planta de desechos cloacales».
Sin embargo, en abril denunciaron que las parcelas de la zona más baja habían
sido loteadas y estaban incluidas en un plan de viviendas sociales.
Un antecedente de los logros por la
intervención vecinal es la flamante Reserva Natural bonaerense Santa Catalina,
que obtuvo ese reconocimiento el 13 de julio del año pasado, aunque la defensa
interbarrial del área data de 2007. Las 728 hectáreas ubicadas en Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, incluyen una laguna e integran el mismo
cordón ecológico que su par echeverriana. Como ella, tuvo que lidiar con
empresas que desarrollaban sus actividades en detrimento del equilibrio
natural, como la molienda de vidrio Aretra.
Pero el mayor impacto lo sufrió el curso
de agua: la empresa de recolección de residuos Covelia S.A. compró 307
hectáreas, en las que montaría una planta de tratamiento de residuos o un
proyecto habitacional. A principios de julio, Armella ordenó «la inmediata
paralización de toda obra, construcción o actividad y la remoción de todo
vehículo, maquinaria y material constructivo».
«La idea de movilizar surgió por una
cuestión de falta de respuestas, no nos recibía nadie», asegura Patricia
Rodríguez, integrante de la Asociación Ambiental Pilmayqueñ, una de las que
interviene en la defensa del lugar que alberga el «44% de las especies de aves
de la provincia», según un estudio del ingeniero agrónomo Alberto De Magistris,
otro protagonista de la lucha. Los lomenses decidieron desde el principio que
no se colgarían la bandera de nadie, pese a que algunos vecinos sí son
militantes. «No dejamos que nos ayuden y después nos pidan cosas», aclara
Rodríguez, que recalca el sentido unificador que alcanzó el movimiento. «Se
generan vínculos que van mucho más allá, incluso entre vecinos o vecinas con
ideologías muy diferentes. Decís “ellos no se pueden juntar”. Pero sí, esta
lucha lo hace posible», rescata.
Publicado en Revista Acción de la segunda quincena de septiembre de 2012 http://www.acciondigital.com.ar/15-09-12/pais.html#sociedad
