9 de octubre de 2012

El pueblo quiere saber de qué se trata



Por Noelia Leiva
 
Son vecinos y vecinas que se organizaron para defender la riqueza natural de donde viven. Megaminería a cielo abierto y proliferación de proyectos inmobiliarios en espacios verdes son sus peores enemigos.

La megaminería a cielo abierto y la contaminación lo cambiaron todo. Son amenazas latentes y a veces consolidadas pero también cimbronazos que instaron a los pueblos a organizarse. De norte a sur del país, la explotación indebida de espacios verdes con fines económicos llamó a hombres y mujeres a conformar asambleas vecinales, para muchos la primera experiencia vívida de participación ciudadana por fuera del sufragio. Hasta se agruparon con pares de otras provincias y, a fuerza de movilización, lograron presionar para que los grupos financieros cuestionados no violen la riqueza natural.
Hace 9 años, unos 8.000 residentes de Esquel (cerca del 27% de la población) se movilizaron para reclamar que la empresa estadounidense Meridian Gold Incorporated no se instalara en el Cerro 21, cercano al pueblo, para extraer oro y plata utilizando cianuro. La marcha, que fue la más concurrida en la historia de la región, logró que tres días después, el 23 de marzo, se firmara un plebiscito que repudió la utilización de sustancias nocivas para la salud en esa actividad. Aunque no fue vinculante, el Congreso tomó el guante y sancionó la Ley 5.001 que «prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia» de Chubut. Ese fue un hito en la coordinación de vecinos en defensa del ambiente, aunque ahora sostienen la lucha contra Yamana Gold, que compró a Meridian, y en desacuerdo con un proyecto legislativo impulsado por la gobernación que busca permitir la actividad con un «marco regulatorio».
El «No a la mina» patagónico fue el primero de Argentina protagonizado por ciudadanos de a pie, que todavía se reúnen el 4 de cada mes en el centro de la ciudad para que la causa no se olvide. Le siguió el «Fuera Botnia» de Entre Ríos, el rechazo a la papelera que tomó como símbolo el corte del puente General San Martín, al borde del río Uruguay. En Catamarca el movimiento ambiental se activó en 2010, aunque sus pioneros habían encendido la llama 13 años antes.
El ofrecimiento de puestos de trabajo y la aceptación que hasta ese momento tenía la minería en Andalgalá fue el escenario propicio para el establecimiento de La Alumbrera a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y a 240 kilómetros de la capital provincial. El cambio en la mirada de los habitantes se dio «con el intento por avanzar con otro megaproyecto, más grande aún, que se llama Agua Rica de Yamana Gold. Encima la gente se enteró de que la ciudad se encontraba concesionada para la exploración y explotación minera», rescata Moro Flores, integrante de Vecinos por la vida, el colectivo que se formó para defender la integridad de su paisaje y la salud de las personas. Flores conversó con este medio antes de sufrir un grave accidente al caer de una antena que intentaba instalar para que en la zona hubiera una emisora radial con voces propias, informan sus compañeros. Ahora lleva en carne propia la lucha por la vida.
El 15 de febrero de 2010, «hubo un intento de pasar unas máquinas a fuerza de represión, se levantó todo el pueblo y provocó lo que hoy se recuerda como el Cheleminazo (en honor al cacique Juan Chelemin, que se enfrentó a los europeos en el siglo XVII) o Andalgalazo», destaca el referente. Casi todos se conocían en el pueblo, pero desde ese día supieron mejor que nunca de qué lado estaba cada uno.
El camino que siguió ese colectivo fue el que se repite a lo largo del mapa: identificar el problema, concretar la organización vecinal, informarse con especialistas en ciencias naturales y derecho, convocar marchas para visibilizar la problemática y decidir sumarse o conformar una red interprovincial de ecologistas. «Tuvimos la necesidad de lograr una ligazón más efectiva en los hechos. Así nació la Coordinación Regional, que incluye Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero», además de los anfitriones catamarqueños, describe Flores. En la órbita nacional integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que a mediados de abril se reunieron para convocar el Parlamento de los Pueblos y realizar un diagnóstico sobre minería, petróleo y agua.
Un requisito central para sostenerse en el tiempo es fijar los objetivos. Para Andalgalá, la presencia de Yamana es sinónimo de «saqueo», por eso montaron «bloqueos selectivos a los insumos de la minera». Periódicamente, las mujeres que integran la Asamblea El Algarrobo realizan la Marcha del silencio al camino Villa Vil, que conduce a parcelas adquiridas por La Alumbrera para repudiar que continúen su actividad y usen esa vía, aunque una medida judicial prohíbe que los camiones de la firma circulen por ella. Sin embargo, «a los trabajos de explotación que se realizan en el nevado hay que sumarle los hechos de violencia y la creciente situación de impunidad a la cual quedamos expuestos los vecinos, con su pico de máxima expresión cuando grupos mineros sitiaron Andalgalá» para avanzar con los trabajos sin que las autoridades locales lo condenen, denuncia una carta pública al intendente Alejandro Páez que elaboraron los ambientalistas y difundió la UAC.
En Mendoza, el tema fue uno de los más discutidos en el poder legislativo durante el año pasado. En agosto de 2011, la presión interprovincial cosechó una victoria: la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad el estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero San Jorge, lo que impide que la compañía canadiense Coro Mining Corp. obtenga oro en Uspallata. Si bien la iniciativa no se aplicó, la compañía ahora quiere tomar cobre y se volvió el blanco de la disputa política. Unas 36.000 firmas se recolectaron en el primer aniversario de ese triunfo para solicitar que no se modifique ni declare inconstitucional la Ley 7.722, que prohíbe el uso de químicos en la minería a cielo abierto.
«El pueblo entendió que debía defender sus bienes naturales comunes, que son más que el oro y el cobre. Son el aire, el agua, la flora, la fauna; la posibilidad de vivir sin el tremendo daño que hubiesen significado las extracciones», destacaba Marcelo Giraud, integrante del grupo ecologista, en una entrevista con el Foro Argentino de Radios Comunitarias tras la victoria de aquel 25 de agosto emblemático. Según el parte oficial que publicó entonces el legislativo, la presentación se rebatió «por tener más de 140 observaciones, como la necesidad de mantener las reservas de agua de Mendoza para consumo humano y uso agrícola, y el pequeño porcentaje de regalías que obtiene la provincia en materia de explotación minera». Los ingresos siempre cuentan en la balanza de las decisiones.


Matanza-Riachuelo: los últimos oasis

Una tarde, Martín Farina decidió llegar con su bicicleta hasta La Horqueta, en Monte Grande, distrito bonaerense de Esteban Echeverría. Le habían dicho que allí estaba la Laguna de Rocha, que hasta ese momento el joven desconocía. Era cierto: casi 1.000 hectáreas de bosques, pastizales y cuerpos de agua estaban ocultos detrás del centro de distribución de un supermercado y de una sede del Correo Argentino, a 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
«Al principio no íbamos por la conservación porque no sabíamos lo que estaba pasando, la idea era que la gente entendiera lo que había cerca de sus casas. Todavía no conocíamos el fallo Mendoza (que impulsa el saneamiento del la Cuenca Matanza-Riachuelo) ni sobre el problema con la desarrolladora Creaurban», describe el estudiante de paleontología. La constructora Creaurban compró las parcelas próximas al sistema hídrico, donde además se sembró trigo pese a que no se trata de una zona rural. Incendios, movimientos de suelo y las posibilidades de que la empresa instale uno de sus emprendimientos inmobiliarios movilizaron la organización vecinal para demandar que el predio se declare Reserva Natural Provincial.
En setiembre del año pasado, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto. Un mes antes, el juez federal de Quilmes Luis Armella había exigido que la Legislatura «brindara protección legal a la laguna», asegura un comunicado del colectivo Vecinos de los barrios aledaños al Centro Atómico Ezeiza, también comprometido con la causa. La acción respondió a un recurso de amparo presentado por el grupo de residentes y patrocinado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas «para proteger la zona de la construcción de una planta de desechos cloacales». Sin embargo, en abril denunciaron que las parcelas de la zona más baja habían sido loteadas y estaban incluidas en un plan de viviendas sociales.
Un antecedente de los logros por la intervención vecinal es la flamante Reserva Natural bonaerense Santa Catalina, que obtuvo ese reconocimiento el 13 de julio del año pasado, aunque la defensa interbarrial del área data de 2007. Las 728 hectáreas ubicadas en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, incluyen una laguna e integran el mismo cordón ecológico que su par echeverriana. Como ella, tuvo que lidiar con empresas que desarrollaban sus actividades en detrimento del equilibrio natural, como la molienda de vidrio Aretra.
Pero el mayor impacto lo sufrió el curso de agua: la empresa de recolección de residuos Covelia S.A. compró 307 hectáreas, en las que montaría una planta de tratamiento de residuos o un proyecto habitacional. A principios de julio, Armella ordenó «la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo».
«La idea de movilizar surgió por una cuestión de falta de respuestas, no nos recibía nadie», asegura Patricia Rodríguez, integrante de la Asociación Ambiental Pilmayqueñ, una de las que interviene en la defensa del lugar que alberga el «44% de las especies de aves de la provincia», según un estudio del ingeniero agrónomo Alberto De Magistris, otro protagonista de la lucha. Los lomenses decidieron desde el principio que no se colgarían la bandera de nadie, pese a que algunos vecinos sí son militantes. «No dejamos que nos ayuden y después nos pidan cosas», aclara Rodríguez, que recalca el sentido unificador que alcanzó el movimiento. «Se generan vínculos que van mucho más allá, incluso entre vecinos o vecinas con ideologías muy diferentes. Decís “ellos no se pueden juntar”. Pero sí, esta lucha lo hace posible», rescata.

Publicado en Revista Acción  de la segunda quincena de septiembre de 2012 http://www.acciondigital.com.ar/15-09-12/pais.html#sociedad

No hay comentarios: