27 de junio de 2012

Masacre de Avellaneda: el reclamo que sigue vigente


Fotografía y texto: Noelia Leiva

Diez años pasaron desde que la represión policial se cobró la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El martes último, una multitud se congregó en el puente Pueyrredón, con el mismo pedido de justicia. Organizaciones sociales y familiares visibilizaron que el proyecto de cambio social sigue intacto.
 

Todas las cabezas miraban hacia el puente Pueyrredón, ese mismo donde hace diez años empezó todo. Una fila interminable de jóvenes que actualizaban los testimonios que tanto escucharon sobre aquel 26 de junio de 2002. Sin embargo, el martes último no sobrevoló la certeza de que, en plena democracia, la represión institucional podía personificarse directo sobre ellos como hace una década. Pero si llegaba a ocurrir, esta vez las personas estaban armadas con la experiencia de la organización impulsada como un grito de rabia cuando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki les arrancaron la vida las balas policiales. En Avellaneda volvió a escucharse el pedido de justicia, porque el tiempo no borra la responsabilidad de los culpables.

De todas las edades eran los y las militantes que se congregaron cerca de las 11 de la mañana a metros de la estación de trenes Darío y Maxi –ex Avellaneda-, como la bautizaron sus compañeros y acaso una ley nacional que se analiza en el Congreso. Algunos pisaban por primera vez esa calle que antes se tiñó de sangre. Otros estuvieron justo ahí, donde la represión -y no la “crisis”- se cobró dos víctimas. “Es un honor estar acá por la justicia y la verdad. No todos se animan a hacer lo que ellos hicieron, hay que ser valientes”, recalcó Martín Cárdenas, un joven de Gerli del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que se sumó con su consigna “El hambre es un crimen” a la conmemoración.

Cada colectivo replicó sus cantos, pero cuando las tres columnas de organizaciones coincidieron en el puente se activó el “Las balas que vos tiraste / van a volver” que el día anterior había copado los pies del escenario que precedió a la tradicional vigilia hacia el 26. Al Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la COMPA, lo acompañaron el Polo Obrero, el MST y Quebracho, entre otros colectivos que se transformaron en total en unos 8 mil participantes. Ya sobre el Pueyrredón, llegaron adhesiones desde Mar del Plata, Rosario y Tartagal, además de todo el Conurbano bonaerense. Hasta Mirta Tejerina, hermana de Romina, acercó su solidaridad con los familiares de los homenajeados y la unión en la defensa por los derechos humanos.

“Darío se consideraba parte de la sangre de los caídos. A diez años (de su muerte), yo veo a mi hijo en estos pibes”, enfatizó un emocionado Alberto Santillán, papá del referente que dio nombre al frente. Sin embargo, una década de aniversarios no amedrentó al sistema responsable de los asesinatos, porque, aunque fueron encarcelados en 2005, ocurrió “una provocación absurda de la Justicia que liberó prácticamente a (los ex policías Alfredo Fanchiotti y (Alejandro) Acosta. Eso no tiene nombre”, repudió el hombre, antes de avanzar con la caravana.

Una vez en el escenario se cuestionó la “solidaridad” que la presidenta Cristina Fernández aseguró trasmitir en cadena nacional el mismo martes al mediodía. Algunos integrantes de su gabinete, como el ahora senador Aníbal Fernández, son considerados como “responsables políticos” del doble homicidio, los más de treinta heridos de bala y la manipulación de la información de 2002. Leonardo, su otro hijo y también trabajador de la bloquera de Lanús donde se desempeñaba Darío, fue tajante con su postura, cuando pidió que la premisa de que los mártires de Avellaneda se “multiplicaron” en los jóvenes no sea sólo una enunciación. “Nosotros tenemos la misma consigna hace diez años y debemos hacer una autocrítica. Hay que empezar a movernos para que caigan los responsables políticos”, insistió.

En el palco preparado para la ocasión, con el paso cortado una vez más para el acto montado a favor de la memoria, también estuvo Elia Espen, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora que llevó su pañuelo blanco y la foto de su hijo, Hugo Meidan, desaparecido en plena dictadura militar, en 1977. Cerca, Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, cuyo paradero también se desconoce, pero desde 2009. Los dirigentes del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, Jorge Altamira, Vilma Ripoll y Christian Castillo, entre otros, completaron la primera plana. Hasta arribar a la tarima, detrás de ellos fue la bandera roja del FPDS, tan encendida como plantean que mantienen la fuerza en sus barrios.

“No le daría lugar a nadie para que use la lucha de los compañeros, Darío, Maxi y Mariano Ferreyra nos quieren acá”, subrayó Vanina Kosteki, hermana del joven caído al que Santillán quiso proteger cuando vio que agonizaba en el hall de la estación. El argumento fue contra las palabras de congoja que se escucharon desde el oficialismo los días previos al acto, pero que el colectivo entendió que no se tradujeron en hechos cuando enviaron a Fanchiotti a un régimen más flexible en Baradero.

“Revolución” y “libertad” fueron palabras claves a lo largo de la jornada. Todavía contra las barandas del puente había restos de las fogatas que dieron calor a los militantes que pasaron la noche allí y que estaban de pie -algunos sin haber descansado- con sus bolsas de dormir y frazadas al hombro. “Organización y lucha” fue, como siempre, el lema motivante para abrir los ojos, con el puño en alto.

Ellos, antes del 26

Hay quienes sostienen que ‘las cosas suceden son por algo’. En la historia de Maximiliano y Darío puede aplicarse, pero no porque sus acciones hayan estado atadas a un destino mágico, sino porque el sentido que tomó su muerte fue coherente con ese ‘hacer’ que los unió aquel 26.

La imagen de Santillán en la que intenta detener a los policías con su mano en alto para proteger a ese compañero que no había visto antes lo pintó de cuerpo entero porque “era así en el trabajo, la asamblea, con quienes recién se acercaban. Su último gesto lo mostró con crudeza”, definió Carlos Leiva, que lo conoció en febrero del trágico 2002 y que ahora se desempeña en Lomas de Zamora.

Kosteki no pertenecía al movimiento piquetero que pero sí tenía inquietudes: “Con él hablé unos días antes porque nos encontramos para el cumpleaños de mi mamá. Me dijo que estaba en un comedor, que daba clases de arte y pintura para chicos, que quería hacer algo. El cambio que buscaba lo encontró un acto en el puente Pueyrredón, donde perdió su vida”, describió su hermana Vanina.

A ellos les quitaron el tiempo para poner en común sus ideas, para contarse cómo era el mundo nuevo que querían. Aunque tal vez en algún otro espacio se hayan podido reencontrar y debatir como si estuvieran vivos. Pero como de situaciones hipotéticas no se hace la resistencia, sus compañeros siguen en la lucha.

Publicado en Marcha del 27 de junio de 2012

25 de junio de 2012

Darío y Maxi no están solos

En el día de la tardía recuperación de la libertad de Romina Tejerina, acompañamos otra lucha pero hermanada en el reclamo de respeto a los derechos de las personas y en contra de la represión cultural o por las armas: la del FPDS y organizaciones compañeras, a diez años del asesinato de Darío Y Maxi. A las 19 comienzan los recitales, antes de la marcha de antorchas y la vigilia. Mañana, a las 11, será el acto central.

15 de junio de 2012

Cannabicultores del sur pidieron la despenalización en el Congreso


Fue en una audiencia con los legisladores y otras entidades dedicadas a plantar marihuana. Destacaron que si cada usuario siembra y cosecha, se reduciría el narcotráfico. Apelaron al respeto de los derechos individuales y a la “descriminalización”.

Salir a contar e informarse para perder el miedo son las consignas comunes para los cultivadores de marihuana que llevaron al Congreso de la Nación el pedido de despenalizar la plantación y tenencia para consumo personal, para restituir derechos y combatir el narcotráfico. La Agrupación Cannabicultora Zona Sur (ACZS) representó a la región en la audiencia del miércoles último, en la que organizaciones de activistas ahondaron frente a los legisladores en la reducción de daños al apelar a productos naturales y enfatizaron en que la aprobación de la ley eliminaría la exposición de los usuarios a la represión policial o institucional.
Es que no sólo se trata de que cultivar o fumar deje de ser un delito sino que también piden la “descriminalización” de ese colectivo compuesto por muchas personas que poco a poco salen a la luz, aunque en algunos barrios todavía son presas de la coerción. “Queremos que se entienda que si no hay cultivo de marihuana caeríamos en el narcotráfico. No somos delincuentes por consumir. Desde chicos siempre estuvimos en el medio, llevamos la de perder: con el ‘transa’ porque nos podía sacar plata o dar cualquier cosa, o con la Policía si nos agarraba. Hoy por suerte hay muchos chicos que nunca compraron y que fuman lo que cosechan”, le explicó a LA TERCERA Marcelo Coratoli, integrante del grupo local que realizó actividades de concientización y talleres para saber cómo avanzar con el armado de ‘huertas’ en casa.
Precisamente, el entramado del poder al que el cambio de paradigma pondría en jaque es el que los militantes consideran que retrasa la aprobación de la norma, aunque algunas versiones aseguran que podría demorarse hasta que logre un mayor consenso social y así captar los beneficios políticos de la aceptación para sumar a la imagen positiva del Gobierno. En lo formal, la audiencia de anteayer se planteó como la última instancia para recolectar información y decidir si en quince días el proyecto se trata en la Cámara de Diputados nacional, para luego ir al Senado. El aval de funcionarios como Aníbal Fernández y de miembros de la Justicia como Eugenio Zaffaroni da esperanzas a los cultivadores de que se abrirá el debate.
Para desarticular el mito de que despenalizar traería automáticamente un uso generalizado y obligado de los cogollos, una de las miembras de la ACZS contó cómo su hija de 20 años decidió no apelar al cannabis pese a que su madre siembra en su casa y comparte información sobre sus alcances. La ley, precisamente, recalcaría la vigencia del derecho a decidir en libertad qué conductas personales adoptar, sin ser penados ni estigmatizados por la forma de vida que sostiene cada ciudadano. Para quienes lo deseen, el uso permitido de las flores podría llevarse a aplicaciones medicinales que, según algunos activistas, es una de las cualidades de la hierba.

Por Noelia Leiva

Justicia por Wanda

En situaciones como la condena a Eduardo Vázquez por el femicidio de Wanda Taddei es que llego a ideas encontradas. No concibo el sistema carcelario como uno que vele por los derechos de quienes están condenados a él que, aunque 'culpables', atravesaron historias de vida que lxs llevó a cometer hechos penados por la ley. Sin embargo, la impunidad a los que ejercen la violencia de género es un ejemplo más de la instalación histórica del machismo, por eso creo que la condena a este femicida es necesaria para que los varones entiendan que cosificar a sus compañeras y dañarlas como si fueran objeto de su propiedad está mal y se paga. Pero también estoy convencida de que la principal condena a la violencia sexista es social, se construye en el día a día -en nuestras casas y trabajos, en los espacios sobre los que tenemos injerencia - y es responsabilidad de todxs.

A continuación, una carta de la asociación La Casa del Encuentro tras el veredicto:

Por una Justicia sin vendas en los ojos

El Tribunal Oral Criminal N° 20 dictó la sentencia a Eduardo Vázquez, lo encontró culpable de homicidio agravado por el vínculo y la pena recibió un atenuante “por el estado de emoción violenta”, por lo tanto fue condenado a 18 años de prisión.
En ninguna etapa del juicio, ni siquiera desde la defensa fue utilizado el argumento del atenuante.

Según la Lic. Norma Stola, psicóloga de La Casa del Encuentro, “Cuando una persona actúa en estado de emoción violenta, entendemos que la emoción ha alterado su equilibrio psíquico en forma transitoria. El indicador más evidente del acceso emotivo es una disminución de la memoria (dismnesia) que imposibilita evocar los recuerdos del momento en que se produjo el hecho. La persona generalmente no tiene registro del modo en que se produjo el mismo.
Ahora bien, cuando el hecho pasó, cuando la persona toma conciencia del desenlace de lo sucedido aunque no pueda recordar cómo sucedieron los hechos, si no tuvo intención de dañar a otra persona, no se pregunta acaso, qué pude haber hecho?. Seré realmente culpable?, No aparecen la culpa, el dolor y el arrepentimiento? En el caso de Vázquez, nada de esto parece suceder, porque recuerda que fue un accidente, recuerda que no es culpable de lo que sucedió y recuerda que nunca estuvo en estado de emoción violenta”

Esperábamos que la justicia hablara desde sus fallos indicando claramente que este femicidio fue perpetrado en el marco de la violencia de género y desde allí sancionara. Nuevamente queda en evidencia la ideología patriacarcal y sexista de algunos fallos, este tribunal puso el acento en el atenuante para justificar el femicidio.
La justicia tiene que entender que el varón agresor dirige su violencia hacia la víctima y que no existe motivo para atenuar su accionar.

Desde la muerte de Wanda Taddei 51 (1) mujeres murieron incineradas en nuestro país, pero algunos sectores de la Justicia siguen sin entender el significado del Femicidio, y sin conocer la ley 26 485.
Esta condena, es indignante y desconoce tratados internacionales y compromisos asumidos por el Estado que condenan la violencia de género.

Según la Dra. Luciana Gagniere, abogada de La Casa del Encuentro “Esta sentencia reafirma la desigualdad en la que se encuentran las víctimas frente a sus agresores, donde quienes deben equilibrar esa diferencia dictan condenas haciendo abuso del atenuante de emoción violenta, para invisibilizar la realidad de lo ocurrido”

En este sentido coincidimos con las declaraciones del juez de la Cámara Federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, "cuando se juzga un femicidio es un contrasentido utilizar el atenuante de la emoción violenta".

Desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro, pedimos la incorporación de Femicidio al Código Penal, como un tipo penal autónomo, en el cual además de visibilizar esta forma extrema de violencia contra las mujeres y ponerle nombre, se restrinja la aplicación de atenuantes contempladas para los homicidios.

Es necesario dejar bien claro que el bien jurídico a proteger es la mujer y la igualdad a una vida libre de violencia.

Señora Justicia por favor necesitamos que se saque la venda de los ojos y comience a mirar la realidad que viven millones de mujeres, niñas y niños en el mundo y también en nuestro país. Sólo pedimos justicia acorde con el delito cometido.

Por Ellas las 51 mujeres que murieron incineradas:
Wanda Taddei, Sabrina Cennamo, Lidia Valiente, Betiana Chávez, Alejandra Daniela Céspedes, Carmen, Gladys Beatriz Pereira, Fátima Guadalupe Catán, Jorgelina Inés López, Norma Rivas, Natalia Nievas, Andrea Oyarzo, Silvana Lorena Kinderknech, Chuquel, Carolina Ruiz Díaz, Ivana Correa, Vanesa Soledad Celma, NN - Formosa, Verónica Viviana Medina, Gloria Paredes, Vanesa Beatríz Cardozo, Silvia Ranz, Analía Cáceres, Verónica Beatriz Manzanel, Ángela Alomo, NN.- La Matanza, Emilse Carolina Galván, Lorena Jiménez, Inés, Josefa Nadal, Natalia Teresa Coria, Vanina Hemmerling, Adriana Setau, Roxana Elizabeth Bottero, NN.-Tucumán, Daniela Torres, Yanina Mabel Treuquil, Reina Isabel Nevoraz, Marcela Rodríguez, Estela Alicia López, Jesica lencina, Gómez - Formosa, Maira Aldana Torchelli, Monroig – Santa Fe, Maria Cristina Rodríguez, Ramona Isabel Benítez, Dolores Ojeda, María Medina, Cristina Mayorga, Lorena Jiménez, María Marquese Bernuncio.


Fabiana Tuñez – Ada Beatriz Rico
Cofundadoras de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

(1) Según informe del Observatorio de Femicidios “ Adriana Marisel Zambrano”


13 de junio de 2012

Infancia: el derecho a ser

                                                                                             Ilustración: Quino
Por Noelia Leiva

El contexto social de pertenencia carga de oportunidades al desarrollo de los chicos. Pero también puede quitárselas. Cómo la ley promueve los derechos de la niñez, y la sociedad civil busca fomentar la igualdad.

«Yo no quiero morirme nunca porque quiero jugar siempre», asegura el escritor Eduardo Galeano que un nene le dijo en Montevideo. De este lado del «charco», los pequeños se parecen: curiosidad y ganas de descubrir son su timonel, pero algunos están obligados a crecer rápido: las necesidades económicas les recortan las posibilidades de acceder a la educación y de recrearse, porque tienen que desempeñarse a la par de los grandes o cuidar hermanos mientras los adultos no están.
Ser niño implica oportunidades distintas según la realidad social en la que se está definido, pero existen leyes que resaltan cuáles son los derechos comunes para ese colectivo; y organizaciones solidarias que buscan restituirlos cuando son avasallados.
La casa donde se vive, la escuela a la que se va, la posibilidad de jugar que se tiene, la oportunidad de poner en palabras el mundo que se descubre en cada paso son algunas de las variables que atraviesan el crecimiento de los nenes y las nenas. El contexto en el que se encuentran influye en cómo ellas se cruzan en sus vidas.
«Cuando sos chico, llegás a un mundo en el que tu familia te hace lugar. No es lo mismo que sean personas con recursos afectivos y capital social a que no los tengan, más en los primeros años de vida, centrales para el desarrollo cognitivo e intelectual», ancla Juan Pablo Yovovich, docente y director de la Fundación de Organización Comunitaria (FOC), que integra el equipo directivo de la Red Nacional por el Derecho a la Educación.
Imbuida en esa afirmación, hay normas que pretenden garantizar la igualdad incluso en la diferencia. Es decir que las condiciones previas al nacimiento del pequeño no sean exclusivas determinantes de su destino. La ley nacional 26.061 y su par de la provincia de Buenos Aires, la 13.298, asumieron esa función pero con una mirada nueva que también contempla al niño en su medio social.
Es que, a diferencia del viejo paradigma del patronato, donde los chicos eran entendidos como «objetos de tutela» de los mayores, la modificación los convirtió en «sujetos de derecho» y, por lo tanto, poseedores de las decisiones sobre su vida, en un marco de contención y de acuerdo con su edad. El cambio —que comenzó a implementarse en 2005 y que, en el caso bonaerense, invitó a cada municipio a que incorpore Servicios Zonales de atención a las familias y Mesas locales de labor interdisciplinaria— implica que la opinión de los chicos será escuchada incluso en instancias judiciales y que su entorno vincular será, a menos que se compruebe lo contrario, el mejor lugar donde deban permanecer para su desarrollo.
Es decir que «no se puede ver sólo al niño, hay que observar a su familia nuclear, a la extendida (tíos, abuelos) y luego al barrio. Cuando el Estado no está en la salud o el trabajo de sus padres, esa niñez se hace difícil», consigna el titular de la asociación creada hace 21 años en la bonaerense Lomas de Zamora.
Un ejemplo de esa situación de vulnerabilidad fueron las consecuencias de la crisis institucional, económica y social de 2001 en Argentina, que generó necesidades que en muchas casas no podían contenerse. Entonces, la sociedad civil intervino mediante redes de promotores sociales y espacios de reconocimiento de los derechos. Luego de las primeras ollas populares que respondieron a la emergencia, organizaciones no gubernamentales fundaron jardines de infantes comunitarios, guarderías para que las mamás trabajadoras enviaran a sus hijos, espacios de capacitación en oficios o finalización de su escolarización. Esas son algunas de las prácticas que la FOC todavía implementa, además de talleres de producción periodística para que los pequeños sean «cronistas» de su realidad.

Tener la (propia) palabra

«El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, que incluirá buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo», determina el artículo 13 dela Convención Internacional de los Derechos del Niño, integrada a la Constitución Nacional desde 1990. El ejercicio de la palabra es, también, una herramienta aplicada al día a día que ayuda al crecimiento intelectual. La Escuela Especial 502 de Ezeiza entendió rápidamente ese precepto y convocó a alumnos, docentes y vecinos a formar parte de Radio Abrojos que, desde la frecuencia modulada 92.5, transmite la voz y la opinión de nenes y adolescentes.
«Cuando empiezan, a los 16 años aproximadamente, en general los une la curiosidad propia de la juventud. No hay cuestionamientos sobre si se puede hacer o no. Después viene la etapa de asumir roles, saber si esto va a pasar por su vida como algo anecdótico o va a definir su rumbo, porque en la adolescencia se empieza a descubrir el mundo, a apropiarse de espacios y reconocerse en una realidad», explica Samanta Matzke, una de las impulsoras del proyecto, que comenzó a andar en 1998.
Desde el emprendimiento, también se pueden cambiar escenarios: «El circuito social de donde provienen los chicos es vulnerable. Algunos atravesaron situaciones de una tristeza profunda, producto de la edad pero también de crisis familiares que vienen asociadas a problemas económicos. En estos años de recuperación, la radio sirvió para poder representar todo eso en palabras, como un espacio de contención entre pares que también se hace un tema de conversación con los adultos», rescata la periodista.
Y es nuevamente la palabra la mediadora de la subjetividad en construcción; por eso es responsabilidad de los adultos «garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos», incluso en instancias judiciales, reza la ley 26.061.
Cuando se registran casos de oposición a la norma, las instituciones penales juveniles también actúan en sintonía con el paradigma vigente, y deberán atender a la voz de los chicos como valor por cuidar. Además, deberán ayudar a recuperar el vínculo del sujeto con su núcleo afectivo, a menos que se compruebe que es un ámbito dañino.
La influencia del contexto en el comportamiento de los individuos es otra vez evidente. «Un 90 por ciento de los chicos de 16 o 17 años que recibimos no está escolarizado desde los 11 o 12. Les preguntamos qué hicieron en ese tiempo y nos dicen que “nada”. Deambularon por las escuelas y las esquinas», asegura Alberto Gallini, operador comunitario del Centro de Referencia de Lomas de Zamora, que recibe jóvenes en conflicto con la ley de ese distrito, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza, en el segundo cordón del Conurbano bonaerense.
Las causas «no son sólo familiares sino también sociales», coincide el especialista. «Si bien los mayores a veces no cumplen con su responsabilidad, el Estado en general interviene recién a través de nosotros, que es cuando los lazos ya se rompieron», reconoce. Aunque «los delitos se cometen en todas las clases sociales, la mayoría de los que “agarran” son pobres. Hay chicos que ni siquiera tienen DNI y que recién se lo hacen cuando tienen un problema», grafica el especialista. La letra escrita y las organizaciones de profesionales o voluntarios velan para que se pueda actuar antes e impedir que la violencia social que atraviesan algunos chicos y chicas genere otros focos de agresión. Un camino complejo, pero con esperanza.

Publicada en El Gran Otro de junio de 2012 http://elgranotro.com/infancia-el-derecho-a-ser/

6 de junio de 2012

La palabra es de todxs 
¡Digamosle NO a la violencia de género!