Si alguien hubiese formulado una Teoría del Propio Ombligo que infiriera sobre la clausura de acciones que perjudiquen el ‘yo’ sin más preocupaciones que las ‘ensimismadas’, ciertos medios de comunicación se consagrarían como discípulos. ¿Qué tiene de malo que una empresa periodística vele por su beneficio? La respuesta está en la balanza de los derechos: pesa más bregar por información que no estigmatice ni sostenga la violencia contra un sector de la población que alimentar las arcas comerciales a través de la promoción de actividades ilícitas. Eso parece atender la ordenanza que votó en su última sesión el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora que, en consonancia con medidas tomadas en cuatro provincias, limita la concesión de pautas publicitarias oficiales a los medios regionales, provinciales o nacionales que incluyan avisos o convocatorias asociados con la prostitución y la trata de personas. Ahora, resta que se cumpla.
Si lo que se presenta en la agenda informacional hegemónica legitima lo que sucede, que el mensaje reduzca a las sujetas a un objeto ‘fabricado’ para dar placer (sin leer las publicidades que las ridiculiza al mostrarlas fascinadas con la velocidad del lavado de platos o un superhéroe animado) extiende la aceptación de la subyugación femenina y la convierte en moneda corriente. Ése es el trasfondo de algo peor.
El marco machista que cree en la ecuación ‘mujer = vagina’ es causa y amparo para la reproducción de sistemas de explotación sexual, que no sólo naturalizan los avisos publicitarios sino que ayudan a perpetrarlos. Muchas víctimas fueron captadas mediante el engaño a través de “ofertas de trabajos en casas de familias o meseras”, cita el libro Se Trata de Nosotras, de Las Juanas Editoras. “Otra modalidad de los reclutadores es la realización de castings”, subraya.
Los anuncios que agrupó bajo el ‘rubro 59’ el multimedio cuestionado por su complicidad con la última dictadura -modelo para firmas más pequeñas- son, entonces, una puerta abierta al secuestro de niñas y grandes. La visibilización de la ‘oferta’ de lo que no es un trabajo sino una forma de esclavitud oculta, paradójicamente, la ilegalidad de los manejos de una acción condenada por el marco jurídico abolicionista al que suscribe Argentina.
La ordenanza oficialista busca “sensibilizar a la población” y “erradicar los avisos de contactos sexuales”, también camuflados como convocatorias a ‘importantes privados’. A partir de la reglamentación del texto, la Secretaría de Prensa comunal deberá poner los ojos para limitar la propaganda estatal. Ahora resta que no se mire para otro lado.
Publicado en La Tercera
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