Pidieron la “nulidad” de la causa que imputa a una vecina por movilizarse

Por Noelia Leiva

Participó del corte de un puente para pedir mejoras hidráulicas en su barrio. La acusan del delito de obstrucción del tránsito, aunque la Justicia nada determinó sobre la necesidad de mejoras sanitarias de Ingeniero Budge. La Correpi denunció irregularidades y pidió la anulación del proceso legal. Por eso, la mujer ayer no fue a declarar.

Ni el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo que ordenó la Justicia ni la veintena de expedientes presentados para que se profundicen las obras en la lomense Ingeniero Budge parecieron antecedentes suficientes para que un corte de ruta en reclamo de mejoras no fuera criminalizado. Ayer, la vecina Dora Oviedo estaba citada a declarar, acusada del delito de obstrucción al tránsito por la movilización del 30 de marzo último que pidió medidas hidráulicas para detener las inundaciones y la contaminación. No se presentó, para evidenciar las irregularidades del proceso judicial. Su defensa pidió la “nulidad” de la causa.
La primera vez que la mujer fue llamada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 a cargo del fiscal Héctor Toneguzzo, le habían informado que sería testigo. Cuando concurrió, “en forma compulsiva le hicieron saber sus derechos y le tomaron fotografías”, a partir de lo que comenzó a ser investigada “sin acceder a un abogado, siquiera de oficio”, denunció María Teresa Larramendy, letrada que ahora la asesora. Esa alteración en el desempeño fue uno de los motivos para que el viernes 25 se presentara la solicitud de anulación, según le informó a LA TERCERA.
“Son políticas que tienden a desmovilizar. Oviedo es rápidamente imputada, cuando en casos de gatillo fácil tenemos que luchar y estar atrás de los fiscales para que actúen, que no archiven las causas. Son las dos caras de una misma moneda”, evaluó la también integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). La reacción inmediata de la sede judicial sí se observó en una queja que presentaron en el Colegio de Abogados en contra de la legista, porque no aceptó notificarse de que su representada estaba citada porque había dejado constancia de las informalidades del caso.
En un plazo inferior a diez días, la vecina debería recibir una respuesta al planteo de cancelación, aunque “estaba sin proveer”, aseguró la referente de derechos humanos. En la última reunión con la asamblea del barrio, el intendente Martín Insaurralde se había comprometido a intervenir para evitar la criminalización de la protesta…

Publicado en Diario La Tercera

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