“Una asociación militar ilícita creada para delinquir” (Primera parte)

Por Noelia Leiva

Lo definió Martín Almada, el abogado paraguayo que descubrió hace veinte años los archivos secretos del Plan Cóndor. Fueron “tres toneladas de material” con pruebas de que los militares de seis países de América Latina se articularon para imponer el neoliberalismo desde el Terror.

La primera vez que el educador y abogado paraguayo Martín Almada fue señalado por el responsable del terrorismo de Estado en su país, Alfredo Stroessner, fue en Argentina, en 1972. Había venido a presentar su tesis doctoral en Pedagogía, que denunciaba que la educación en su Nación estaba al servicio las estructuras de clase, de opresores por sobre los oprimidos. Desde entonces, un ciclo de tortura y muertes de seres queridos le dio muestras de sobra de que el aparato militar estaba instalado para destrozar todo germen de cambio, bajo las órdenes de Estados Unidos.
Pero tuvo una oportunidad de confirmarlo: cuando encontró, a fines de 1992, archivos secretos del Plan Cóndor que sobrevolaba sobre América Latina para desarticular la organización popular. A veinte años del hallazgo, repasó para Marcha los aportes de ese material “del horror”.
-¿Cómo define usted el Plan Cóndor?
-Es un pacto criminal firmado entre los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay durante la década de 1970, para recurrir al genocidio y para establecer un proyecto económico neoliberal salvaje, según las ordenes de Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano (hasta 1977).
Sus ejecutores fueron los militares formados en la Escuela de las Américas, Zona del Canal de Panamá, para llevar a cabo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Es decir, un ataque sistemático desde el Estado con los impuestos que pagaba el pueblo y contra la población civil: obreros, jornaleros, sindicalistas, estudiantes, profesores, periodistas, religiosos, artistas, abogados, médicos, intelectuales. El objetivo fue aniquilar a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social más equitativo, y eliminar -material y simbólicamente- la posibilidad de pensar de esa manera.
-¿Cuándo y cómo comprendió la magnitud internacional de ese programa?

-Cuando encontramos (detrás de la comisaría de Lambaré, Paraguay) tres toneladas de piezas documentales que comprometían a los gobiernos del Cono Sur. Sobre todo, comprendí el por qué de la brutalidad de la tortura a la que me sometieron los militares extranjeros en Asunción. El archivo del terror era el espejo de la Guerra Fría (N de R: porque Estados Unidos quería impedir que el modelo comunista se propagara en el territorio).

-¿Qué fue lo que pensó ni bien supo de la existencia de esos archivos?

-Fundamentalmente, la investigación que realicé fue en torno a algunas preguntas. Primero, cómo murió mi esposa, porque a mi me dijeron que se había suicidado (pero fue detenida y asesinada por la dictadura de Stroessner). Después, por qué militares extranjeros me torturaron en mi país. Por último, quería encontrar los cassettes que registraban mi tortura y que luego hacían escuchar a mi esposa, como método de tortura psicológica mientras estaba detenida en la propia sede de la Escuela “Juan Bautista Alberdi” (de la que era director) de San Lorenzo, a12 kilómetros de Asunción.

-¿Hubo agentes económicos detrás del terrorismo de Estado?
-Sí, Kissinger tenía el plan de imponer en toda América Latina a “manus militaris” la política económica neoliberal, es decir, la arbitrariedad, el abuso de poder, la corrupción y la impunidad, bajo la armónica articulación con la injusticia social. La política económica neoliberal preconiza el crecimiento en base a una apertura del mercado a la economía internacional, es decir una globalización del mercado. Los individuos fueron privatizados en cuanto se les hizo perder la noción de lo público.
-¿Puede decirse que el material hallado ayudó al esclarecimiento al ser citado en procesos legales que juzgaron a genocidas?
-Sí. El Archivo de Paraguay permitió entender a la Justicia de los seis países el mecanismo de funcionamiento de esa asociación militar ilícita creada para delinquir. Se formalizó ese pacto criminal a fines de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. En representación del gobierno argentino firmó el acta fundacional el capitán de navío Jorge Demetrio Casas, entonces Director de Operaciones del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).-¿Había en ese material información puntual sobre Argentina?
-El archivo permitió constatar que había una fluida comunicación entre los aparatos represores a través de los telex y también de visitas personales, como la de (Jorge) Rafael Videla que participó oficialmente de un acto patriótico y a su regreso se llevó a los presos italo-argentinos e italo-uruguayos. Vinieron además (Emilio) Massera y todos los que fueron jefes de Inteligencia de las fuerzas. Torturadores paraguayos recibían cursos de entrenamientos organizado por el SIDE. Hay algunos casos concretos de argentinos que conocí, como el de Oscar Luis Rojas, que fue mi compañero en el Campo de Concentración de “Emboscada” a45 kilómetrosde Asunción entre 1976 y 1977. Recuperé mi libertad en septiembre de 1977 y no tuve más noticias de él. Los milicos lo trataban como “El Monto”. Según el Archivo del Terror “se fue a la Argentina”.

-A partir de su lucha fue nombrado Consultor de Unesco para América Latina ¿volvió a tener contacto con militantes argentinos?

-Me desempeñé en ese rol hasta 1992. Así, por ejemplo, conocí a un albañil paraguayo que realizaba el trabajo de mantenimiento del local de la Embajada Argentina y me comentó haber recibido orden del embajador, si mal no recuerdo llamado Juan Archibaldo Lanus, de tirar todos los papeles que se encontraban amontonados en el sótano de la representación diplomática .Me recordó haber visto biblioratos titulados como por caso ”Hilda Cuevas de Nieves” de 200 páginas; “Persecución a los Montoneros”, de 200; “La subversión en Argentina entre 1974 y 1980”. Le pedí en 1993 que me entregue esos documentos pero el “valiente” paraguayo no se animó. Más tarde, en el país, también acompañé a Gustavo Santander Dans, juez penal que llevaba entonces la causa Cóndor en Paraguay, para tomar contacto con sus pares argentinos y llevar piezas documentales del Archivo del Terror para los jueces (Jorge) Urso y (Rodolfo) Carnicoba Corral. Además, ambos fuimos recibidos por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, a quien formulé el pedido de investigación sobre los documentos citados. En nuestra presencia ordenó a la persona que le acompañaba que se ocupe del asunto, pero nunca tuve respuesta.


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