Por Noelia Leiva
Anuncios no faltan en Estado cuya bandera es la de la promoción de derechos. Pero del lado de las organizaciones sociales, el panorama no es propicio para celebrar una apertura social en materia de género. El Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán denunció un “doble discurso” oficial por la demora en la asignación del aval prometido a los talleres sobre salud reproductiva e igualdad que otorgan a las mujeres de los barrios más pobres del Conurbano sur.
Si contra un mandato familiar y cultural dominado por el varón hay que trabajar, también frente a un aparato que puede demorar acciones de participación. Desde octubre de 2003, el colectivo femenino no detuvo sus actividades de formación en el intercambio con militantes de diversas agrupaciones, incluso cuando el respaldo financiero para expandir sus talleres contra la marginación se convirtió en un signo de interrogación. Y la espera sigue.
“Falta trabajar en derechos, para que las mujeres se den cuenta de lo que el patriarcado les vedó durante años”, subrayó Adriana Pascielli, integrante del Espacio y del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Lanús. Con esa impronta, las actividades que se realizan en ese distrito se extienden a Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Plata y Berisso. “En 2008 presentamos dos proyectos para poder expandirnos y sumar especialistas (mediante recursos del Gobierno), pero hace cuatro meses que nos dicen que está a cobrar”, denunció, en diálogo con LA TERCERA. Al cierre de esta edición, la agrupación había recibido la promesa de que el dinero estaría asignado hoy para la puesta en marcha de más propuestas de género. “Esperemos que la denuncia pública dé resultado”, ese recurso que a veces cumple los roles ausentes.
La demora parece mayor cuando, como producto del trabajo barrial, el frente detecta que la violencia y la imposibilidad de decidir sobre el propio cuerpo son constantes entre las familias sumidas en la pobreza. Y no sólo se trata de un reclamo en pos de la despenalización del aborto como forma de evitar la muerte de quienes no tienen acceso a ámbitos donde, aunque todavía ilegales, se interrumpen embarazos con asepsia. En las unidades sanitarias de zonas de riesgo social “no se cumple la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, no se dan anticonceptivos”. Falta de acceso a la información y a las herramientas de cuidado suelen ser la combinación por la que esas mismas mujeres se conviertan en blanco de los prejuicios.
“Hay bastante por hacer”, resumió Pascielli. Es cuestión de seguir, porque el camino ya está empezado.
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