Las fórmulas de la reparación de los crímenes son mucho más que discursivas. Pero dar cuenta de los protagonistas de la historia que se ocultó, activa un camino para el cambio. Un recorrido sobre las consecuencias en el Conurbano sur de la última dictadura militar, cuyo nefasto aniversario de inicio se cumplió ayer.
Hubo palabras sobre el silencio, para arrancar la complicidad de no denunciar. Hubo ideas, proyectos, una lucha. Pero después, sombra: una noche de siete años que quiso llevarse la identidad de los sueños libertarios de hombres y mujeres aferrados a sus ideales. Los centros clandestinos de detención se multiplicaron en el Conurbano sur, donde la afonía provocada por las botas y los intereses de los civiles próximos al poder permitió la impunidad. Los nombres de algunas víctimas son reconocidos en la historia del país, otros en el recuerdo de sus seres queridos. Pronunciarlos renueva su presencia, 34 años después del golpe que instaló la última dictadura militar.
Entre Siciliano y Vernet, a cuadras del lomense Camino Negro, el polo de detención clandestina y tortura “Pozo de Banfield” fue uno de los atroces epicentros locales, donde las embarazadas eran obligadas a parir en cautiverio, para que sus hijos e hijas fueran apropiados. En Esteban Echeverría, la Comisaría 1º de Monte Grande fue la prisión ilegal de militantes como el entonces intendente de Almirante Brown Julio Busteros (ver “La noche más larga”), en connivencia con El Vesubio, otro polo del horror ubicado a metros del cruce de Camino de Cintura con la Autopista Ricchieri, y el Cementerio local, según denuncias de organizaciones de derechos humanos que aún no tienen respuesta en la Justicia.
En el territorio browniano, “existieron por lo menos tres (centros clandestinos): las comisarías de Adrogué, Rafael Calzada y Claypole”, asegura el Informe sobre el Terrorismo de Estado en ese partido elaborado por Juan Carlos Ranieri, al que pudo acceder LA TERCERA. Como en el resto del país, en la zona los desaparecidos a la fuerza y por las Fuerzas fueron sobre todo estudiantes -como la sanvicentina Susana Hauche, que hoy se recordará en la Plaza Hipólito Yrigoyen de Alejandro Korn-, militantes -el caso de Juan Alejandro Barry, secretario político del Partido Montonero, residente en Adrogué y asesinado en Uruguay- y obreros -como Oscar Sarreille, Eduardo Manrique y los hermanos Dardo César Torres, Armando Ruperto Torres y Edgardo Buenaventura Torres, todos empleados de la jagüelense Química Mebomar-.
El vecino Norberto
Hacía tres meses Norberto Freyre vivía en San Vicente, aunque sus allegados sabían que en realidad se llamaba Rodolfo Walsh. Con el cambio de gracia pretendía seguir sus investigaciones sin que sus persecutores lo dañaran, Abordó el periodismo con la intensidad del cambio revolucionario, una actitud que peligrosa para los uniformados que provocaban la agonía del Estado. Un día como hoy pero de 1977 fue llevado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se desconoce su paradero pero los responsables del operativo confesaron que lo habían asesinado.
Ese plantel de la muerte “quiso hacer desaparecer su obra, que en su caso, como en el de pocos, es fruto de una búsqueda consecuente, de un compromiso político”, destacó la agrupación browniana que lleva su nombre, en un escrito que preparó para LA TERCERA. A 35 años del homicidio, su casa está habitada por la hermana de Rubén Salas, un policía de la Comisaría local en los años negros. “Está citada en la causa ESMA porque se quiere saber quién habilitó a la familia a vivir en ese lugar”, informó Marcela Rodríguez, directora de Derechos Humanos comunal. La apropiación de bienes y moradas de personas secuestradas era habitual en la práctica del Ejército criminal.
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La noche más larga“Todos sabíamos que se acercaba el día, era un clima ‘destituyente’”, resumió a LA TERCERA Julio Busteros, miembro del Foro Social por los Derechos Humanos de Almirante Brown e intendente de ese distrito cuando Roque Stefanelli, electo en 1973 por el Frente Justicialista de Liberación, renunció a causa de afecciones de salud. “El senador Evaristo Iglesias, del radicalismo, me anunció que esa noche era el golpe. ‘Sacá todo’, me dijo. No, yo no iba a sacar nada”, relató el referente.
La descripción continúa: “La madrugada del 24, golpearon la puerta las fuerzas conjuntas, me metieron en un patrullero o un jeep del Ejército. Me trasladaron a un lugar que podría ser la Comisaría Primera de Monte Grande donde estuve diez o doce días. Mi señora consiguió una carta del obispo de La Plata, donde estaban los mandos militares, que pedía por mi integridad física, no por mi libertad. Hasta que establecieron que yo estaba ‘limpio’, por eso me largaron”.
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Los otros genocidiosInvisibilizados por el relato de la historia oficial, que en épocas de la dictadura intentó llamarle “guerra” a la represión militar, los pueblos originarios también reclaman justicia. “Repudiamos el 24 de marzo, pero tenemos una mirada más amplia de los derechos humanos, porque ese no fue el único genocidio en estos 200 años: hoy continúa al ignorarnos”, denunció el abogado diaguita Benito Espíndola.
Entre los hechos armados, el referente enumeró la “mal llamada” Campaña del Desierto, la matanza del pueblo Qom (toba) de Pampa del Indio, Chaco, en 1917 y la Masacre de Rincón Bomba, Formosa, en 1947. El intento de cambiarles la identidad también lastima cada vez que no se piensa en un “Estado multicultural”.
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